Tras varias crisis económicas en tan solo un cuarto de siglo, la pobreza y la precariedad avanzan incluso entre las potencias económicas, y la Comunitat Valenciana no es la excepción
La profunda inestabilidad económica de nuestros días ha tensionado los servicios públicos de gran parte del globo, evidenciando la crisis del llamado Estado del bienestar. Las crisis continuas han servido para exponer tanto la necesidad de la protección social como las deficiencias en su aplicación, y las principales potencias económicas no han escapado a esta crisis. En un contexto de beneficios récord de la banca y las empresas, paradójicamente -o no-, también avanzan la pobreza y el riesgo de exclusión social entre capas cada vez más amplias de la población.
Uno de los informes más completos sobre la situación de la pobreza en España lo realiza la European Anti-Poverty Network (EAPN). Bajo el nombre “El Estado de la Pobreza”, la EAPN realiza cada año una radiografía de la pobreza en España y sus comunidades autónomas, comparando los datos del país con sus equivalentes en la Unión Europea, teniendo en cuenta los objetivos previstos por la Agenda 2030. En su informe de 2025, la EAPN señala que la Comunitat Valenciana destaca por haber experimentado ciertos retrocesos, frente a la mejoría generalizada en el resto del territorio.
En 2024, la tasa AROPE se situó en un 29,9% en la Comunitat Valenciana, frente al 25,8% de la media nacional.
La tasa AROPE (at risk of poverty and/or exclusion) es un indicador elaborado por la Unión Europea con el objetivo de evaluar el cumplimento de los objetivos de la Estrategia EU2020. La tasa AROPE sirve para contabilizar el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, considerando factores como la renta, el empleo o las posibilidades de consumo. Tras la aprobación de la Agenda 2030, se produjo una modificación en los indicadores utilizados para calcular la tasa, llegando a la situación actual: una persona queda incluida en la tasa AROPE si está en riesgo de pobreza, en situación de carencia material y social severa (CMSS) o si tiene entre 0 y 64 años y reside en un hogar con baja intensidad de empleo (BITH).
En el año 2024, la tasa AROPE se situó en un 29,9% en la Comunitat Valenciana -cerca de 1,6 millones de personas-, frente al 25,8% de la media nacional. Mientras que la tasa a nivel nacional se redujo en 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior, en la Comunitat Valenciana aumentó ligeramente (0,3 puntos). Si se compara con el año 2015 -establecido como año de control por la Agenda 2030-, la Comunitat Valenciana ha visto reducida su tasa AROPE en 3,3 puntos puntos porcentuales, una reducción mayor que la experimentada por el conjunto del país (-2,9 puntos), pero no es suficiente: de estar cumpliéndose los objetivos marcados por la Agenda 2030, la tasa AROPE en la Comunitat Valenciana debería situarse en un 23,2%, 6,7 puntos porcentuales por debajo de la cifra actual.
Una crisis convertida en tendencia
La Comunitat Valenciana se sitúa como la quinta comunidad con mayor tasa de pobreza, un 24,8% -lo que equivale a 1,3 millones de personas-, frente al 19,7% de la media nacional. La tasa de pobreza valenciana se ha visto reducida en medio punto desde el año 2015, pero ha aumentado 1,2 puntos tomando como referencia el año 2008. Si se considera la pobreza según grupos de edad, los grupos con mayor tasa de pobreza son los menores de edad (35,1%) y los jóvenes (23,4%). En cuanto a los colectivos más afectados, destacan las personas que viven de alquiler (48,6%), los desempleados (42,4%) y las personas con algún tipo de discapacidad (29,1%). Con una tasa de pobreza severa del 11,4% -cerca de 600.000 personas-, la Comunitat Valenciana ocupa el tercer puesto entre las comunidades con mayor tasa de este indicador. La pobreza severa castiga especialmente a las personas con desempleo (23,2%) y a quienes viven de alquiler (23,1%).
La Comunitat Valenciana, pese a su dinamismo económico, lleva casi dos décadas en el “vagón de cola” de las autonomías españolas.
Si la Comunitat Valenciana fuera un país, sería el segundo con mayor tasa de riesgo de exclusión de la Unión Europea, solamente por detrás de Bulgaria. A nivel nacional, la Comunitat Valenciana suele fijarse en Madrid o Cataluña para medir su situación económica o su PIB. Sin embargo, cuando se trata de pobreza y exclusión social, la realidad estadística se parece mucho más a la de la Europa del Este que a la de las mayores potencias occidentales. Mientras tanto, otro de los grandes países del continente, Polonia, ha logrado reducir su tasa hasta el 16%, casi la mitad que la valenciana.
Nuria Tendeiro es la directora de la EAPN en la Comunitat Valenciana, y su diagnóstico es claro: la Comunitat Valenciana, pese a su dinamismo económico, lleva casi dos décadas en el “vagón de cola” de las autonomías españolas. Desde el año 2007, cuando la EAPN comenzó a realizar sus informes, la Comunitat Valenciana siempre ha estado entre las comunidades con mayores índices de pobreza pese a que, como señala Tendeiro, “la Comunitat Valenciana no es una comunidad pobre; tiene riquezas, tiene productividad, tiene infraestructuras…”; pero, al mismo tiempo, “tiene un desequilibrio a nivel de rentas importante».
De elementos de consumo a bienes de lujo
Otro de los indicadores incluidos en la tasa AROPE es la carencia material y social severa (CMSS). Con una cifra del 9,1% en 2024, la Comunitat Valenciana se sitúa como la cuarta región española con el valor más elevado. Este indicador se elabora en base a aquellas personas que viven en hogares que no pueden adquirir al menos siete de los 13 elementos de consumo considerados como básicos en la Unión Europea (como puedan ser la calefacción, un mínimo de ocio, la ingesta de carne cada dos días…).
El 39% de la población valenciana no puede hacer frente con seguridad a gastos imprevistos.
La CMSS ha aumentado por segundo año consecutivo en territorio valenciano -más de 486.000 personas en 2024-, habiendo aumentado 0,8 puntos en tan solo un año y estando también 0,8 puntos por encima de la media nacional. El aumento de la CMSS en la Comunitat Valenciana proviene fundamentalmente del colectivo de jóvenes entre 18 y 29 años, con una CMSS del 8,5% en 2024 frente al 4,8% del año 2023. A la cabeza de la CMSS se encuentran las personas con desempleo y/o que viven de alquiler (22,8%) y las personas con algún tipo de discapacidad (16,0%).
Un elemento de consumo cada vez más inaccesible son los gastos imprevistos. El 39% de la población valenciana no puede hacer frente con seguridad a gastos imprevistos. Algo tan simple, ejemplifica Tendeiro, como que «se me estropea el ordenador o el portátil y tengo muchas dificultades para poder repararlo o para poder comprar uno nuevo». Esta cifra cobra especial relevancia en el contexto reciente: «Ahora imagínese un desastre como la DANA con un porcentaje tan elevado de gente que no puede afrontar imprevistos». Aunque el informe más reciente de la EAPN no refleja los efectos de la DANA, Tendeiro anticipa un impacto «enorme». La catástrofe «ha afectado a más de 500 kilómetros cuadrados de nuestro territorio en la provincia de Valencia», incluyendo «los parques industriales de 87 municipios» con graves consecuencias laborales.
Como último indicador de la tasa AROPE, la baja intensidad de empleo en el hogar (BITH) incluye a aquellas personas, entre 0 y 64 años, que viven en hogares en que sus miembros en edad de trabajar lo hacen por debajo del 20% de su potencial. En la Comunitat Valenciana, la tasa de BITH alcanza el 8,8%, frente al 17,9% del año 2015, una reducción de 9,1 puntos porcentuales. Pese a ello, la tasa actual es más elevada que en 2008, cuando se registró un 6,4%.
La lacra de la desigualdad
La desigualdad económica sigue siendo uno de los principales retos sociales en España. Aunque los indicadores muestran una tendencia general a la moderación en la última década, los datos revelan importantes diferencias territoriales. El coeficiente o índice de Gini es el indicador estadístico más utilizado para medir la desigualdad en la distribución de la renta: sirve para cuantificar la brecha entre ricos y pobres, mostrando que cuanto mayor es el índice, mayor es la desigualdad. El valor se expresa entre 0 y 1 (o en porcentaje entre 0 y 100), siendo el valor 0 la igualdad perfecta (mismo nivel de ingresos y riqueza) y 1 la desigualdad total (mayor concentración de ingresos en menos manos).
El gráfico permite observar con claridad esta brecha y su evolución en el tiempo. La comparación entre la Unión Europea, España y la Comunitat Valenciana desde 2014 muestra trayectorias distintas y, por su lado, una preocupación creciente en el ámbito autonómico. Los datos reflejan que la Comunitat Valenciana presenta una trayectoria marcada por una mayor volatilidad. En 2014 partía de un índice de 32,6 puntos, inferior al nacional, pero por encima de la media europea. Tras varios años de fluctuaciones, el índice de desigualdad se redujo hasta 30,7 puntos en 2022. No obstante, en los dos últimos ejercicios se observa un nuevo repunte: en 2024 el coeficiente alcanza los 31,7 puntos, tras aumentar 0,6 puntos respecto al año anterior. Este dato sitúa a la Comunitat Valenciana como la segunda autonomía con mayor desigualdad, solo superada por la Comunidad de Madrid, y por encima de la media nacional.
Sin embargo, España ya parte de niveles elevados. En 2014, el coeficiente de Gini se situaba en 34,7 puntos, reflejo del impacto de la crisis financiera de 2008. Desde entonces, la tendencia general es descendente, aunque con algún repunte debido a la crisis del covid-19. Tras caer hasta 32,1 en 2020, la desigualdad repuntó en 2021, coincidiendo con la salida más desigual de la crisis sanitaria, para volver a reducirse en los años posteriores. En 2024, el índice nacional continúa por encima de la media europea y se sitúa en 31,2 puntos.
Por otro lado, la Unión Europea mantiene desde hace años los niveles más bajos de desigualdad entre los tres ámbitos analizados. En 2014, el índice se situaba en 30,9 puntos y, tras ligeras oscilaciones, desciende progresivamente hasta alcanzar los 29,4 en 2024. Esta evolución sugiere una mejora lenta pero sostenida en la cohesión social europea, pese a crisis como la pandemia o el actual contexto inflacionario.
La población migrante: una víctima poco reconocida
La pobreza y la exclusión social alcanzan otra dimensión cuando se analizan por nacionalidad. Los datos más recientes muestran que el origen sigue siendo un factor determinante en el riesgo de pobreza y exclusión social en España y en el resto de países europeos. La tasa AROPE revela una brecha persistente entre la población migrante y la nacional, una desigualdad que se manifiesta con especial intensidad en el caso español.
Según los datos de Eurostat, en 2024 la tasa de riesgo de pobreza entre la población inmigrante mayor de 18 años en España alcanza el 53,4%, frente al 20,6% registrado entre la población nacional. La diferencia -de 32,8 puntos porcentuales- sitúa a España entre los países europeos con mayor desigualdad según la nacionalidad. En la práctica, más de la mitad de las personas inmigrantes residentes en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La comparación con otros países europeos confirma que se trata de una tendencia generalizada, aunque con importantes matices. Francia registra una tasa AROPE del 50,7% entre población migrante y del 16,8% entre población nacional; Bélgica, del 46,6% frente al 15,8%; y Alemania, del 44,1% frente al 17,7%. En Italia, el riesgo de pobreza afecta al 37% de la población inmigrante y al 21,1% de la nacional, mientras que en Portugal la diferencia es más moderada, con un 30,9% frente a un 19,2%. Polonia representa una excepción dentro del conjunto europeo, con tasas prácticamente idénticas -un 16%- para ambos colectivos.
En 2024 la incidencia de la exclusión social entre la población de nacionalidad extranjera alcanzó el 45,4 %.
Los datos de Eurostat también muestran que la carencia material y social severa afecta de forma desproporcionada a la población migrante, especialmente a la procedente de países no pertenecientes a la Unión Europea. En el conjunto de la UE, alrededor del 20% de la población extracomunitaria no puede permitirse cubrir gastos básicos como mantener la vivienda a una temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos o disfrutar de una semana de vacaciones al año, frente a porcentajes inferiores al 7% entre la población nacional.
La Comunitat Valenciana refleja esta misma dinámica. Según un informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunitat Valenciana 2025, elaborado por la Fundación FOESSA, en 2024 la incidencia de la exclusión social entre la población de nacionalidad extranjera alcanzó el 45,4 %, lo que implica que casi una de cada dos personas extranjeras residentes en la comunidad se encuentra en situación de exclusión social. Además, las personas de nacionalidad extranjera representan el 35 % del total de la población en exclusión social, a pesar de tener un peso demográfico notablemente inferior en el conjunto de la población valenciana.
El papel del Estado
La pobreza y la desigualdad no se pueden entender sin analizar el contexto en el que se desarrollan, o lo que es lo mismo, dentro de las fronteras de cada Estado. Las políticas que adoptan los distintos países en esta materia definen en gran medida el impacto de las crisis económicas en la población, crisis que sirven para dejar al descubierto la fortaleza -o debilidad- de los servicios públicos. Según el informe “El Estado de la pobreza”, en España, las autonomías dedicaron el 59,1% de sus presupuestos totales al gasto social. La Comunitat Valenciana dedicó el 57,5%, siendo la cuarta comunidad que menos invirtió en protección social.
«Las trabas burocráticas constituyen una de las cosas que más preocupan a nivel profesional«.
La protección social del Estado incluye tanto ayudas (por familia, por vivienda, por estudios…) como prestaciones tales como las prestaciones por desempleo, vejez, enfermedad o invalidez, entre muchas otras. Como señala el mismo informe, sin el gasto social del Estado, las tasas de pobreza serían mucho mayores. Por ejemplo, sin la protección del Estado, la tasa de pobreza en la Comunitat Valenciana pasaría del 24,8% actual a un 46,3%. Los servicios sociales de atención primaria son la primera toma de contacto del ciudadano con el sistema de protección social y el Estado del bienestar a nivel local. Mar Maldonado es técnica en educación social en el departamento de atención primaria de la Dirección Territorial de Valencia. Su testimonio ofrece una visión privilegiada sobre los retos estructurales que enfrenta el sistema actual de protección social.
La actividad en servicios sociales abarca tres dimensiones clave: la atención directa a los usuarios, la gestión administrativa de expedientes y la coordinación interinstitucional. Uno de los principales dilemas profesionales que se identifican es «equilibrar la escucha con la intervención social y luego la carga burocrática que tenemos en cada uno de los expedientes que gestionamos los técnicos». Esta tensión evidencia las contradicciones entre el modelo ideal de intervención y las condiciones reales de ejercicio profesional: las trabas burocráticas constituyen, según Maldonado, «una de las cosas que más preocupan a nivel profesional”.
Desde atención primaria «se gestionan principalmente prestaciones económicas de emergencia social: alimentación, suministros básicos, alquiler, alojamientos temporales…». Según Maldonado, «se intenta que la respuesta a las prestaciones de emergencia sea lo más rápida posible (a veces en días), pero el procedimiento administrativo y la justificación de gastos ralentizan mucho la resolución». Esta disonancia entre la urgencia de las necesidades y los tiempos administrativos constituye uno de los principales nudos críticos del sistema.
Los nuevos perfiles de la precariedad
Si bien los motivos más habituales para recurrir a los servicios sociales siguen siendo las dificultades económicas, los problemas para conseguir una vivienda y la necesidad de prestaciones, una hecho reciente a destacar es la transformación del perfil de los demandantes. Como explica Maldonado, «los perfiles han ido cambiando mucho; ahora cada vez se atiende más a personas que tienen empleo pero que no pueden llegar a fin de mes, familias con menores de edad que antes nunca habían necesitado ayudas y personas mayores que viven solas -soledad no deseada-«.
Esta realidad evidencia que «la vulnerabilidad y la exclusión ya no solo afectan a los perfiles tradicionalmente excluidos, sino que han ampliado su extensión». Entre los perfiles emergentes destacan los trabajadores pobres: personas con empleo que no obtienen ingresos suficientes, una tendencia que manifiesta la precarización del mercado laboral. El empobrecimiento de las clases medias y la soledad no deseada de personas mayores reflejan los cambios en las estructuras familiares y los modelos de cuidado. Este incremento interpela directamente la capacidad de respuesta de unos servicios que han sido creados para atender situaciones originalmente de mayor exclusión.
La pobreza: el reto de nuestros días
Para la directora de la EAPN en la Comunitat Valenciana, el futuro del Estado del bienestar pasa por «garantizar ingresos mínimos básicos para las familias que están por debajo del umbral de pobreza», mejorando la coordinación entre el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión; «atajar esta emergencia habitacional que tenemos en estos momentos en nuestro territorio»; y «mejorar todo lo que tiene que ver también con el trabajo, con los mecanismos de conciliación laboral y familiar, y mejoras salariales».
Una de las mayores dificultades es lidiar con la frustración profesional de no tener recursos suficientes para todas las casuísticas.
A estas tres medidas, añade una cuarta fundamental: convertir los servicios sociales en «el cuarto pilar del Estado del bienestar que necesitamos; todos vamos a tener en algún momento de nuestras vidas una necesidad de soporte social«. Tendeiro se incluye en esta realidad: «Yo estudié periodismo con beca porque si no me era imposible, pude realizar mis estudios de forma normalizada gracias a esas ayudas que me aportó a mí el Estado del bienestar».
«Una de las mayores dificultades es lidiar con la frustración profesional de no tener recursos suficientes (plazas, viviendas, apoyos especializados…) para todas las casuísticas», señala Maldonado. La realidad: «falta personal, vivienda social y recursos específicos para problemáticas complejas. La demanda crece mucho más rápido que los recursos autonómicos y estatales; se debería dedicar más recursos a la prevención para evitar tener que destinar tanto a la atención de urgencia». Esta observación señala una disfunción estructural del modelo actual, que prioriza la intervención reactiva sobre la proactiva.
Metodología
Para realizar la visualización que muestra la brecha valenciana en el marco europeo, hemos comparado la tasa AROPE de la Comunidad Valenciana con la de algunos países del continente, seleccionados por cercanía, mayor población y, en el caso de Bulgaria, por el hecho de que es el único que tenía una tasa superior. Por otro lado, los datos internacionales provienen de Eurostat, correspondientes al año más reciente, en este caso 2024. En cambio, los datos de España y la Comunidad Valenciana han sido extraídos de los informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) y el INE. El gráfico resultante es una elaboración propia utilizando la herramienta Datawrapper e integrando ambas estadísticas para evidenciar la posición de la región respecto a la media europea y alguna de las principales potencias de la Unión Europea.
Para el análisis de la evolución de la desigualdad, las fuentes de datos utilizadas han sido la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE y el Eurostat. En concreto, se ha empleado el coeficiente de Gini de la renta disponible equivalente, uno de los principales indicadores para medir la desigualdad en la distribución de la renta. En cuanto al período analizado, abarca la evolución desde 2014 hasta 2024. Los datos corresponden a la Unión Europea, a la media general de España y a la Comunidad Valenciana, con la finalidad de comparar dinámicas territoriales a distinta escala. A partir de estas BBDD, se ha elaborado una base de datos en formato hoja de cálculo, en la que se han seleccionado y limpiado los valores anuales de los tres ámbitos territoriales. Seguidamente, se ha creado un gráfico lineal con Datawrapper que muestra el histórico comparado de las trayectorias de los tres territorios. El eje vertical no comienza en cero: se ajusta al rango de valores de Gini con el fin de facilitar la lectura e identificar con mayor claridad las variaciones y tendencias sin alterar relaciones entre los valores.
Para el análisis sobre el riesgo de pobreza entre la población migrante, la principal base de datos utilizada ha sido Eurostat. Se han seleccionado los datos correspondientes al año 2024 y se ha realizado una desagregación por nacionalidad, diferenciando entre la población nacional y población migrante. En línea con la metodología de Eurostat, la categoría “inmigrantes” hace referencia a personas de 18 o más con nacionalidad de países no pertenecientes a la Unión Europea, mientras que la categoría “nacionales” agrupa a la población con nacionalidad del país de residencia. A partir de estos datos se ha elaborado una base propia en formato Excel en la que se han seleccionado varios países europeos con el objetivo de realizar una comparación entre ellos. Luego se han calculado las tasas AROPE correspondientes a cada colectivo y se ha construido un gráfico comparativo en Datawrapper, que permite visualizar la brecha de riesgo de pobreza entre población migrante y nacional en España y otros países europeos.
Para contextualizar el caso de la Comunidad Valenciana, se ha utilizado el informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad Valenciana 2025, elaborado por la Fundación FOESSA. Este informe, basado en la encuesta sobre la Integración y Necesidades Sociales, aporta datos específicos sobre la incidencia de la exclusión social según nacionalidad en esta Comunidad, lo que permite vincular las dinámicas nacionales y europeas con la realidad Valenciana.
