Alicia Cabanes, Maria Pilar Casabán, Laura Gil y Patricia Orduna
El 26,5% de la población total en España se encuentra en riesgo de pobreza según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra ha variado respecto a 2022, aumentando en un 0,5% (lo que se traduce en 400 mil personas más), pero ha disminuido en 1,3 puntos porcentuales si nos fijamos en 2021. Ceuta (35,9%) se coloca a la cabeza de este ranking con respecto a las demás comunidades autónomas, seguida de Andalucía (30,5%) y de Extremadura (27,6%). El País Vasco es la comunidad autónoma con menor riesgo de pobreza con un 10,2%.
Estos datos se deben, en su mayoría, al encarecimiento de la vida. Según la European Anti Poverty Network (EAPN), el 48,7% de las familias presentan dificultades para llegar a final de mes e incluso el 37,1% de los hogares no tienen la capacidad para superar gastos imprevistos. También estas cifras se ven afectadas por la baja intensidad en el empleo, que no ha variado en gran medida desde 2022.
Según los datos del INE sobre la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social según el tipo de hogar en 2023, las familias monoparentales son las que más afectadas se ven en este ámbito, con un 52,7% en riesgo de pobreza o exclusión social, superando a las familias con dos adultos en un 24,2%.
El aumento de los precios, los pocos alquileres asequibles y las trabas a la hora de acceder a una propiedad son algunos de los factores que han provocado una situación precaria de las desigualdades y una persistencia en la persistencia de la exclusión social.
En 2023, según el informe de la EAPN, el precio medio del alquiler ha aumentado tres veces más que la renta por persona. La tasa de pobreza entre aquellos que vivían de alquiler es de 33,1%, cifra que duplica al 15,8% que viven en una vivienda propia. El alquiler es la situación más frecuente entre las personas con pobreza, en concreto una de cada tres personas pobres reside de alquiler.
El empleo sigue sin ser una ayuda para paliar esta pobreza persistente en nuestro país. Cerca de 2,5 millones de personas trabajadoras no son capaces de hacer frente a este problema debido a la calidad del mercado laboral que se caracteriza por la precariedad. Según la EAPN, una de cada tres personas pobres tiene un trabajo remunerado, lo que se traduce al 32,0%.
Esta precariedad en el empleo afecta en mayor medida a las mujeres y a la gente joven que a los hombres de edades medias. Un 13,8% frente a un 10,6% en 2023 con respecto a la tasa de desempleo. Además, el desempleo y la precariedad son constantes también en los jóvenes, quienes registran más del doble de tasa de temporalidad de las personas ocupadas de entre 16 y 29 años: siendo un 34,7% frente a un 15,7%; mientras que uno de cada cuatro personas jóvenes tienen un empleo a jornada parcial. El paro juvenil es de 21,4% frente a un 12,2%, de población total, lo cual acaba en una problemática de pobreza entre la juventud que afecta a más de 1,5 millones de jóvenes.
Desigualdades territoriales en materia de pobreza por CCAA
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN) ha registrado que las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza son Ceuta y Melilla, con 35,9% y 30,8% respectivamente, seguidas de Andalucía con un 30,5% y Extremadura con un 27,6%. De nuevo, se repite este patrón visto anteriormente y demuestra que existe una amplia desigualdad territorial. Para comprender mayor esta magnitud, estas comunidades anteriormente mencionadas duplican la tasa del riesgo de pobreza de comunidades como La Rioja (16,9%), Islas Baleares (15,3%), Comunidad Foral de Navarra (13,8%) o el País Vasco (10,2%).
La distribución de la pobreza en nuestro país es desigual, existen diferencias en la calidad de vida de la ciudadanía en función del territorio en el que habitan. Según el 14º Informe del Estado de la Pobreza elaborado por EAPN España y publicado en octubre de 2024, la desigualdad norte-sur ha ido en aumento durante los años de la crisis de 2008 y “la recuperación macroeconómica posterior no fue suficiente para compensar esos años de pérdidas”.
Los condicionantes que se dan habitualmente y generan esta brecha histórica entre las comunidades autónomas varían en función de la configuración histórica de cada comunidad, la coyuntura económica, el PIB, la distribución de la población y en general otras circunstancias estructurales, pero también influye en el riesgo de pobreza la gestión pública de los recursos, las políticas que se implementan en cada territorio, la inversión pública y en general, depende de los planes de cohesión e integración social que puedan aprobarse en favor de paliar el impacto de la pobreza en nuestro país. Esta brecha se constata a través también de la tasa de riesgo de pobreza. En términos nacionales, en 2023 se encontraban en riesgo de pobreza según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), elaborada por el INE, un 26,5% de la población.
Uno de los factores que impactan directamente en el nivel de pobreza es la renta. Recientemente, las políticas públicas impulsadas por el gobierno han abogado por aumentar los impuestos a las rentas más altas, lo que supone que existen rentas altas, bajas e incluso medias. La realidad que plasman los datos, según estudios del INE, es que de nuevo se da una desigualdad entre comunidades, las que más renta media tienen son la Comunidad de Madrid, el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, por su contra, las que menos renta media neta por hogar tienen según los datos a fecha de 2023 son Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Ángela Carbonell Marqués, personal docente e investigador del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universitat de València, explica una de las razones por las cuales se producen estas desigualdades.
El Informe sobre el Estado de la pobreza señala que “un indicador añadido que es importante tener en cuenta al analizar la pobreza” es la tasa de pobreza severa. Este indicador engloba a aquellas personas que sufren la pobreza con mayor intensidad y se define como “el porcentaje de personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional del año en que se mida”. El pasado año el 8,3% de la población se encontraba en pobreza severa, según el informe, esta cifra supone que casi la mitad de las personas en situación de pobreza la sufren de forma más intensa. Respecto a cada comunidad, la tasa disminuyó en hasta nueve autonomías, pero se registró un aumento en todas las restantes. Y en cuanto a términos poblacionales, las mujeres migrantes son las más vulnerables, según Ángela Carbonell.
En este informe además estudia un indicador propuesto por la Unión Europea llamado AROPE (At risk of poverty and/or exclusion) el cual evalúa el “grado de cumplimiento de los objetivos de inclusión social propuestos en la Estrategia EU2020” y que hace referencia al “porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
En el mapa podemos comprobar estas desigualdades que suponen una brecha en términos de desigualdad territorial. La Constitución Española atribuye la competencia exclusiva en materia de asistencia social a las comunidades autónomas, al igual que los servicios sociales son competencia de las mismas, aunque también la primera y más próxima atención a las personas se brinda desde los municipios a través de la atención social primaria.
Las desigualdades regionales siguen planteando desafíos importantes que se abordan desde los gobiernos de las propias comunidades autónomas y desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las desigualdades en la renta per cápita, el desempleo y el acceso a los servicios sociales son algunos de los factores que contribuyen a la perpetuación de las desigualdades territoriales, al igual que la economía, la educación o la estructura demográfica. De acuerdo con Carbonell, también en las políticas que se ponen en marcha para paliar en ocasiones la incidencia de la pobreza en nuestro país, tiene relevancia en su efectividad el hecho de que sean entidades públicas o privadas las que se encarguen de gestionar los recursos públicos.
Las ayudas: una solución al problema
Bajo el gran problema que supone la pobreza en nuestro país, por lo que son necesarias soluciones efectivas e inmediatas. Es por eso que son múltiples las ayudas que se reparten entre las personas necesitadas por parte de organismos públicos y privados. Sin, por ejemplo, las ayudas del Gobierno, según la EAPN, 10,8 millones de personas españolas entrarían en situación de pobreza y la tasa de pobreza aumentaría un 50%.
En nuestro estado existen 14 tipos de ayudas sociales que favorecen a la desaparición del riesgo de pobreza, divididas en dos grupos: las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas. Todas estas están gestionadas por la Seguridad Social, el SEPE y los organismos autonómicos de cada comunidad autónoma.
En la legislatura anterior, el 22 de marzo de 2019, se aprobó por el Consejo de Ministros la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, creada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como una de las políticas palanca de la Agenda 2030 fijada por la ONU como prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Además, este mismo ministerio, en el año 2023, gestionó un crédito de 198.704.000 euros para tres programas sociales:
- Programa A de Protección para la Familia y Atención a la pobreza infantil: 65 millones de euros.
- Programa B de Refuerzo a Equipos de Atención a la Infancia y la Familia en los servicios sociales de atención primaria: 25 millones de euros.
- Programa C de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales: 108.704.000 euros.
Dentro del programa A, se puede encontrar un desglose de dos subprogramas diferentes:
- Programa A.1. Protección para la Familia y Atención a la pobreza infantil: 50 millones de euros.
- Programa A.2. Programa específico para garantizar el derecho básico a la alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral (VECA): 15 millones de euros.
No obstante, no en todas las comunidades autónomas se realizan las mismas dotaciones. Si nos fijamos en el programa A.1, dotado de 50 millones de euros, podemos ver una diferencia de hasta 15,98 puntos porcentuales entre la que más recibe, que es Andalucía, con un 17,54%, y la que menos, que es La Rioja, con un 1,56%.
Dentro de las Comunidades Autónomas se debe destacar también la labor de los ayuntamientos, ya que estos son los más cercanos a los ciudadanos. Anna Brunsó, jefa de Sección de Gobierno Abierto de la Diputación de Girona, explica que existen mecanismos para saber a qué personas deben ir destinadas esas ayudas. Estas se realizan por concesión directa en casos muy concretos o, normalmente, van por convocatoria y hay unas bases que establecen quién puede solicitarlas.
Los ayuntamientos se coordinan con las diputaciones correspondientes. No obstante, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no permite la doble financiación, pero sí la complementación de ayudas. Si una persona pide una ayuda, tienen que decir a la administración donde la solicita si esta ayuda complementa otra administración. También tiene que firmar una declaración responsable de que los datos son verídicos y que, por tanto, hay un primer control sobre quién da la ayuda y quién la complementa para verificar que no se financia más de un 100%.
Los fondos de las diputaciones llegan directamente de los presupuestos generales del Estado y es la propia diputación la que lo gestiona en forma de subvenciones a los ayuntamientos.
Por otra parte, como ejemplo de ayuda a través de organizaciones, encontramos Cáritas como organización de financiación pública y privada. Desde su fundación FOESSA, su departamento de prensa, dirigido por Laura Daniele Salgan, aseguran que, durante 2023, Cáritas invirtió una cifra récord de 486,5 millones de euros para distintos proyectos dentro de España y acciones de cooperación internacional en terceros países. Estas donaciones lograron ayudar a más de un millón de españoles.
No obstante, la organización afirma que se necesita una cobertura mucho mayor de ayudas para que lleguen a más familias y más intensidad, ya que “los montos de dichas ayudas no siempre llegan a cubrir las necesidades de las familias”. Brensó, por su parte, anima a una simplificación de la burocracia, ya que “si lo que queremos con las ayudas es facilitar la vida de las personas, lo que no podemos hacer es complicarse la vida a base de procedimientos administrativos, jurídicos y mil trámites”.
Situción concreta de la Comunidad Valenciana
La pobreza está presente en cada rincón del mundo y, desafortunadamente, es prácticamente imposible erradicarla. La Comunidad Valenciana no es diferente, y cuenta con una tasa de pobreza bastante superior a la media española, llegando casi a representar un cuarto de la población valenciana en 2023. Así, con datos concretos, la Generalitat cifra en un 24,3% la tasa de riesgo de pobreza en el territorio valenciano, mientras que la media española se queda por debajo, en un 20,2%. Estas cifras van ligadas directamente a los niveles de renta de las familias. Según reflejan los datos aportados por la Generalitat, a más riesgo de pobreza, menor renta media por unidad familiar. Concretamente, en la Comunidad Valenciana la economía media de las familias se cifra en 31.324 euros al año, mientras que la media nacional se sitúa en los 34.821 euros.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2023, la publicada más recientemente, reveló datos más que alarmantes en cuanto al riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad Valenciana. Estos datos están basados en los ingresos y la distribución de la riqueza en el año 2022. El indicador o tasa AROPE (At risk of poverty and/or exclusion) es la forma de medir esta cuestión. En relación con esta, en la Comunidad Valenciana se alcanzó en 2023 un 24,9% de tasa de pobreza, aumentando un punto porcentual respecto al año anterior (23,9%). Las diferencias por género y edad muestran que las mujeres están ligeramente más afectadas que los hombres: un 25,1% de mujeres frente a un 24,7% de hombres. Los menores de 16 años alcanzan un alarmante 31,5%, superando en 6,6 puntos porcentuales la media regional.
Realizando una minuciosa radiografía de la geografía valenciana, la provincia de Alicante destaca por su alta tasa AROPE, de un 29,1%. Esta es la más alta de la Comunidad Valenciana, que es notablemente superior a la de Valencia, con un 22,7%, y Castellón, un 21,1%. A nivel comarcal, las que presentan una mayor tasa son la Vega Baja con un 34,5%, la Marina Alta con un 32,5% y un 29,8% en la Marina Baixa. Por el contrario, las menos afectadas incluyen l’Alt Maestrat con un 19,1%, la Plana Baixa con un 18,2%) y un 17,7% en els Ports.
La Generalitat también cuenta con datos que reflejan la proporción de personas residentes en hogares con carencia material. El Instituto Nacional de Estadística (INE) define como carencia material situaciones como no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; tener una temperatura adecuada en la vivienda; hacer frente a gastos imprevistos, etc. En cuanto a los datos de la ECV, un 21% de la población total de la Comunidad Valenciana en 2023 carecía de 3 conceptos de una lista de 6. Este porcentaje es 2,1 puntos porcentuales superior al del año anterior, 2022. Distinguiendo por sexos, la tasa en mujeres es de un 20,9% y en hombres es superior, de un 21,2%. La población menor de 16 años presenta la más alta en esta distinción, de un 21,5%. Según Ángela Carbonell, la diferencia entre sexos se debe a que “todavía tenemos un sistema patriarcal”: “Existe una vinculación histórica de la mujer a los cuidados, aunque las limitaciones en el empleo están cambiando”.
Analizando los datos de hogares con carencia material en cuanto a provincias, Alicante presenta la máxima de la Comunidad Valenciana, con un 23,4%. En Valencia es notablemente más baja, de un 19,6%, y Castellón presenta un 19,4%. A nivel comarcal, la Marina Alta presenta la proporción más grande, de un 26,4%, seguida de la Vega Baja con un 25,4% y la Marina Baixa con un 24,7%. Contrastan estos valores con las comarcas que presentan los valores más bajos: Alto Mijares y la Plana Baixa con un 17,8%, l’Alt Maestrat con un 17,3% y els Ports con un 16,8%.
Para identificar la población pobre o en riesgo de pobreza, cabe tener en cuenta la renta media por unidad de consumo. Según las conclusiones de la ECV reflejados a partir de los datos de ingresos obtenidos en los hogares en 2022, en la Comunidad Valenciana es de 18.752 euros, una cifra ligeramente superior a la del año anterior (17.444 euros). Centrándonos en el nivel provincial, Valencia tiene el nivel de renta más alto, con 20.166 euros. A esta le siguen Castellón con 19.949 euros y Alicante con 16.460 euros. A escala comarcal, Valencia presenta un nivel de renta de 21.716 euros, pero a esta le superan l’Horta Nord con 22.183 euros y els Ports con 22.250 euros. Por el contrario, las comarcas con mejor nivel de renta son el Baix Vinalopó con 16.256 euros, la Vega Baja con 14.308 euros y la Marina Alta con 13.863 euros.
La organización Pobresa Zero asegura que la tasa de pobreza “ha aumentado por segundo año consecutivo” en la Comunidad Valenciana. Actualmente es de un 25,1%, y denuncian que esto “supone estar 3,4 puntos por encima de la media nacional”. Pero ellos van más allá, y convierten el clásico porcentaje del nivel de pobreza en una cifra real: en términos absolutos existen 1,27 millones de personas pobres. Además, Pobresa Zero también habla de las rentas. Aseguran que el 9,6% de la población “tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta disponible”. Esta cifra representa al total de la población, pero detallan que únicamente entre las personas pobres esta cifra “se triplica y consigue el 33%”, y el 27,7% de las personas pobres gasta en vivienda “más de la mitad de su renta”.
METODOLOGÍA
Para la realización de este reportaje hemos llevado a cabo un profundo proceso de búsqueda de datos en diferentes fuentes oficiales, como el Gobierno de España o el INE. En fuentes como estas hemos encontrado diferentes estudios e informes sobre el tema a tratar y, a raíz de ello, hemos creado las bases de datos correspondientes a cada información. Los datos sobre el riesgo de pobreza han sido extraídos del catálogo de datos abiertos del Gobierno de España, y los relativos a la tasa de riesgo de pobreza provienen de la información proporcionada por el INE, como también lo hacen los que detallan la situación por comunidades autónomas, los datos relativos a la renta por hogar y también a la pobreza por tipo de hogar. También tiene gran importancia en nuestro reportaje la presencia de datos obtenidos de informes, en especial de la Encuesta de Condiciones de Vida en España y el Informe AROPE 2023. Tras haber extraído de estas y otras fuentes los datos relativos al objetivo de nuestro reportaje, hemos tratado las bases de datos, limpiándolas para dejar los números relevantes para nuestro reportaje.
Al tener ya todos los datos, tuvimos que buscar datos llamativos, relaciones curiosas para poder plasmar en el reportaje. No obstante, tuvimos que contrastar algunos de ellos porque nos llegaron a parecer ‘extraños’. Al haber verificado todos los datos, procedimos a buscar información adicional para aportar contexto al reportaje. Una vez teníamos esto, buscamos personas expertas en la materia para poder aportar una explicación verídica y debidamente fundamentada a los datos. Es cierto que esto puede que sea el paso más costoso, pues algunas fuentes no han querido participar como entrevistados en el reportaje, y buscábamos perfiles específicos para entrevistar, por lo que no existían muchas personas adecuadas para responder a nuestras preguntas.
Una vez recopilada toda la información y plasmada en un borrador, procedimos a redactarla y estructurarla en diferentes bloques, adjuntando hipervínculos para demostrar la veracidad de los datos. También plasmamos los datos más relevantes en gráficos, pues consideramos que aporta claridad al lector para comprender los datos, además de facilitar que el mensaje llegue a más personas, pues es más sencillo entenderlo. Estas visualizaciones se han realizado con DataWrapper.
