Seis meses de la Dana y cabos sin atar en la calle Almassereta

Medio año después de la Dana, muchos vecinos de Picanya, en este caso de la calle Almassereta, todavía no han podido volver a sus casas

“Seis meses, ¿y todavía estamos así?”. Salvador, desde el tejado donde pasó 18 horas observando el barranco del Poyo en su paso por Picanya, cuenta cómo tanto él y sus vecinos han perdido la paciencia después de que hayan pasado 6 meses desde la Dana y todavía no hayan podido rehacer su vida.

La calle Almassereta es uno de los emblemas de Picanya, uno de los 87 municipios afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Esta se encuentra justo enfrente del barranco del Poyo y ha sido la más afectada de la localidad, llegando el agua a alcanzar los 4,75 metros de altura. Gracias a la Universitat Politècnica de València y la creación de un mapa indicador de las inundaciones, podemos observar la magnitud de los hechos.

Ahora, seis meses después, muchos vecinos no han podido volver a sus casas, aún destrozadas. ¿Cuál es su futuro? ¿Pueden imaginarlo? ¿Qué medidas se van a tomar?

Caos institucional

Desde el Ayuntamiento de Picanya se han reunido con los vecinos de la calle Almassereta para valorar las diferentes opciones que existen. La primera es la de reformar la calle y las casas para que todo vuelva a ser como antes; la segunda es elevar el nivel de la calle cuatro metros y desplazar las entradas de las viviendas a la parte de atrás y la tercera es la demolición total de la calle y una posterior construcción de un parque fluvial.

No obstante, Guillem Tortosa, del PSPV, miembro de la alcaldía como regidor de cultura y comunicación, y ahora encargado de la organización de esta calle, afirma que “los planes urbanísticos no dependen exclusivamente del municipio”, sino que habitualmente están sujetos a la consejería correspondiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Esto lo que provoca es que el proceso de urbanización se ralentice debido a los trámites burocráticos, en los que el ayuntamiento “tiene la última palabra”.

Es de estos trámites de los que se quejan precisamente los vecinos de la calle. Constanze y Felipe, un matrimonio que lleva 12 años viviendo en Picanya, afirman que aunque están agradecidos de poder contar con una vivienda social en el propio pueblo, “la gestión por parte de urbanismo ha sido y aún es desastrosa e inhumana”.

Por su parte, Guillem Gil, del grupo Compromís, la segunda fuerza del ayuntamiento, afirma que para ellos “lo más factible de cara al futuro es renaturalizar el espacio, no permitir vivir o construir para priorizar la vida de las personas antes que el interés urbanístico de determinadas empresas constructoras”.

Esta opción sería todo lo contrario a lo que los vecinos desearían, ya que, a pesar de las dificultades, todos han llegado a un consenso de que quieren quedarse, pase lo que pase. Salvador, a la espera de poder presentar los planos de obra y que le den el visto bueno para construir, dice que “no tiene miedo” y “que va a hacer lo que esté en su mano para quedarse”.

Atención a la vulnerabilidad

Ante la situación de desalojo de la mayoría de vecinos, Inés Novella, profesora de urbanismo en la Universitat Politècnica de València e investigadora de la Cátedra UNESCO de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid, presenta alternativas y opciones en atención a las personas más vulnerables.

Novella afirma que hay que tener en cuenta que las personas mayores necesitan “vivir y envejecer en su casa para su propio bienestar”, siendo esto un “factor de salud”. En términos generales de salud pública comunitaria, las personas mayores “en general viven más y mejor si son capaces de vivir en su casa”.

“Lo conveniente sería tener siempre una reserva de alojamientos
de titularidad pública, porque muchas veces
asociamos las viviendas protegidas o públicas para la población
empobrecida, inmigrantes, etc. Y muchas veces nadie piensa
que de repente de la noche a la mañana hay familias que
se pueden ver en una situación de este tipo”

Inés Novella

En cuanto a la viabilidad de volver a construir en las zonas inmediatas al barranco del Poyo, su respuesta es que “depende”. “Es importante dar respuestas responsables y pensar que dependerá del tramo del barranco y de la edificación” y también “entender el contexto del hogar”.

Lo que deja claro es que “que tendríamos que blindar muy bien la regulación en todos los aspectos, pero especialmente en estas cuestiones que ponen en riesgo la vida de las personas” y que “un control desde arriba evitaría pequeñas grietas por donde estas suelen a veces escaparse acciones municipales”.

Asimismo, Novella es partidaria de informar siempre a la población y mantener un diálogo entre las instituciones y los ciudadanos mediante canales de información que puedan llegar a personas de todas las edades y que estas se puedan sentir escuchadas.

Incertidumbre e impaciencia

La casa de Salvador data de 1881. Primero fue de sus tatarabuelos, luego de sus bisabuelos, después de sus padres y su tía y ahora es suya. Una casa con más de 100 años de historia que no sabe cuál es su futuro, porque después de seis meses todavía sigue como quedó el 29 de octubre de 2024.

“Llamé al 112 y a la policía y nadie contestaba”. Esa misma noche estuvo atrapado en su casa 18 horas junto a su mujer, su tía y la mujer que cuidaba de ella, observando el barranco y cómo el agua no paraba de pasar y atento a posibles peligros. “Estuvimos arriba desde las 18:15 hasta las 12 del mediodía del día siguiente, que pudimos bajar con ayuda de otros vecinos”.

Lo que no se tiene en cuenta es que los vecinos de la calle Almassereta estuvieron dos meses sin poder acceder a sus viviendas, porque el ayuntamiento prohibió la entrada a la calle por peligro de derrumbe y cuando pudieron entrar, ya no había voluntarios que pudieran ayudar a sacar escombros. En el caso de Salvador, fueron él y su hijo quienes tuvieron que quitar los 4,75 metros de barro y escombros que quedaron.

Ahora, Salvador y su mujer viven en un piso alquilado de Paiporta, la localidad vecina. El alquiler se lo proporciona la Generalitat Valenciana en un contrato de cinco meses a punto de finalizar, aunque él ya ha presentado papeles para poder continuar viviendo allí con ayuda. Su tía, desgraciadamente, falleció dos meses después de aquello.

Por parte del ayuntamiento de Picanya cuenta que se han sentido solos y desamparados. Ellos han decidido continuar en Paiporta porque las alternativas del ayuntamiento han sido viviendas sociales en La Torre, Alberic, etc., lejos de sus trabajos y de su casa de Picanya, que tienen claro que van a reformar.

En el caso de Constanze y Felipe, ellos están viviendo en un piso social proporcionado por el ayuntamiento, y están “muy agradecidos” pero “al mismo tiempo les prohíben vivir en su casa”. Felipe afirma que si le dejaran poner una cocina o un baño en su casa no tendría que ocupar un piso social, pero no les dejan. Para ellos volver a su casa es indispensable, ya que para ellos perderla supone “sentirse solos” con una hipoteca de hasta los 80 años y con una situación en la que los alquileres están por las nubes.

Lo bueno, es que la casa es reformable, y aunque el ayuntamiento les ha recomendado demoler la casa, ellos tienen claro que no se van a ir, que van a reformarla y van a seguir adelante, también porque «el Consorcio de Seguros les obliga a reformar». Constanze se emociona al hablar de su casa, ya que para ella es más que un inmueble, es “un hogar”. Ellos ven la parte de su casa que todavía persiste como el pasado y la parte que han de reformar como el futuro. “Nuestra misión es vivir aquí por la idea de respetar la historia que esta casa tiene”, afirma ella. Él, por su parte menciona que “se habla mucho de memoria histórica, pero esto también lo es”.

Pero para ellos “la cuestión es que han pasado seis meses y todavía no vivimos en nuestra casa”. Han podido recibir algunas ayudas, pero todavía les queda por recibir. Además “se ven sin voluntarios” y contratar a gente para sacar escombros supone un gran gasto y ellos por sí mismos no pueden sacar todo.

Seis meses han pasado. Seis meses de dolor, impotencia y rabia, pero una idea clara: quedarse es la única opción, aunque cueste. Salvador, Felipe y Constanze lo saben, y muchos de sus vecinos también: la calle Almassereta se queda, pase lo que pase.