El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un estudio sobre las actitudes hacia el estado de bienestar, en el que se entrevistó en septiembre a residentes en España sobre la garantía de los derechos sociales, el funcionamiento correcto y el acceso a los servicios públicos. Los resultados muestran una tendencia negativa en la evaluación de los servicios públicos, especialmente la prevención y extinción de incendios forestales y la Administración de la Justicia.
El estudio del CIS, realizado a 6039 residentes en España mayores de edad, se llevó a cabo entre el 10 y el 17 de septiembre de manera telefónica. Los encuestados valoran más positivamente el acceso a los derechos sociales, en específico la educación pública de calidad y la protección de la salud. Un 60,6 % siente que estos derechos están garantizados para toda la población. Sin embargo, consideran que en el futuro empeorarán y que requieren «más»/«mucha más» financiación pública (92,6 % y 94,6 %, respectivamente).
El estudio muestra también que los españoles opinan que ni los servicios públicos ni las leyes se aplican de manera igual entre la población. Los motivos principales de estas diferencias son los ingresos económicos (28,2 %), la comunidad de residencia (13,6 %), el pueblo o barrio en el que se vive (11,3 %) y la etnia, raza (10,6 %) o nacionalidad (10,4 %). El servicio que se estima peor garantizado sería el acceso a la vivienda digna y adecuada (18,2 % cree que no lo está para nadie y un 68,4 %, que solo para unos pocos).
Impuestos y proyección de futuro
Sobre los impuestos, más personas creen que se benefician poco o nada dado lo que aportan. Un 60,9 % diría que las administraciones públicas le dan menos de lo que paga. Además, tan solo un 28,1 % de los encuestados percibe que quién más tiene más paga en impuestos, frente al 68,8 % de los que no lo ven así.
La proyección a futuro muestra un pesimismo generalizado hacia la protección social de los derechos, especialmente el acceso a la primera vivienda (un 65,9 % cree que empeorará) y el servicio público de pensiones (un 57,5 %).