El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho público su estudio nº3579, titulado «Actitudes hacia el Estado de Bienestar (III), una investigación centrada en la percepción de prestaciones y servicios públicos en España. Los resultados posicionan al mercado residencial como el ámbito más frágil del Estado de Bienestar, acumulando los mayores índices de insatisfacción y desigualdad de acceso percibidos por la población.
El estudio se llevó a cabo del 10 al 17 de septiembre de 2026 en población residente en España de 18 años en adelante. Cuenta con un margen de error de ±1,3%, para el conjunto de la muestra, con un nivel de confianza del 95,5%. Bajo esta premisa, el derecho a una vivienda digna y adecuada cuenta con un respaldo muy reducido en la sociedad española. Solo un 11,9% de los encuestados afirma que este derecho está garantizado para todas las personas sin distinción alguna. En el extremo opuesto, la gran mayoría de la población detecta claras barreras de acceso. Un 68,4% sostiene que solo está garantizado para algunas personas, mientras que un 18,2% declara que no lo está para nadie. En conjunto, el 86,6% de la ciudadanía declara que existen limitaciones de algún tipo.
La valoración sobre el acceso a la vivienda contrasta de forma notable con la percepción de otros pilares del sistema público. La vivienda concentra los mayores niveles de percepción de exclusión, mientras que el acceso a una educación pública de calidad es visto como garantizado para toda la población, reuniendo el 60,6%. De igual manera, el acceso a la cultura (58,9%) y los derechos de los consumidores (51%) superan con creces a la garantía de un hogar.
Pesimismo frente a la evolución del mercado territorial
La encuesta evidencia un profundo pesimismo ciudadano respecto a la evolución del problema de la vivienda en los próximos años. Al consultar acerca de las expectativas de futuro de los distintas prestaciones, el 65,9% de los entrevistados prevé que el acceso a la primera vivienda empeorará. Por tanto, se posiciona como el aspecto con peores perspectivas del estudio. Esta inquietud supera a la registrada en otros servicios imprescindibles como el sistema público de pensiones, donde un 57,5% augura un empeoramiento. Por otro lado, la atención sanitaria se sitúa con un 51,1% y las políticas de protección frente al desempleo con un 46,2%.
El nivel económico y la brecha territorial como barreras
En cuanto al análisis de las causas que originan la falta de equidad en estos servicios públicos, los factores socioeconómicos y territoriales se sitúan como los condicionantes principales. Un 54,4% de los encuestados considera que no todas las personas disfrutan de las mismas oportunidades de acceso en España. Entre los motivos destacados de este grupo, los ingresos económicos (28,2%) se colocan como la barrera determinante. A ello le siguen la comunidad autónoma de residencia (13,6%) y la ubicación del municipio o barrio en el que se vive (11,3%).
En el plano de la fiscalidad y el sostenimiento del Estado de Bienestar, un 39,4% de los ciudadanos opina que la sociedad se beneficia mucho o bastante de lo que se abona en impuestos y cotizaciones. Sin embargo, hay una mayoría que percibe desequilibrios en la redistribución de los recursos públicos.
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