El acceso a una vivienda digna se consolida como la principal debilidad del estado de bienestar en España. Así lo revela el estudio Actitudes hacia el Estado de Bienestar (III), publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En concreto, apenas el 11,9% de la ciudadanía considera que este derecho está garantizado para todas las personas. Por el contrario, el 68,4% opina que solo alcanza a algunas y el 18,2% afirma que no está asegurado para nadie.
Esta percepción sobre la emergencia habitacional contrasta con el respaldo que reciben otros pilares sociales básicos. El 60,6% de los encuestados sostiene que tanto la educación pública de calidad como la protección de la salud están garantizadas para toda la población, seguidas por el acceso a la cultura (58,9%), la protección de la infancia (56,0%) y los derechos de los consumidores (51,0%).
El pesimismo ciudadano marca además las expectativas de futuro sobre la protección social y el acceso a la vivienda. El 65,9% cree que empeorará la posibilidad de acceder a una primera vivienda, por delante de quienes pronostican un empeoramiento del sistema público de pensiones (57,5%) y de la atención sanitaria (51,1%), mientras que un 34,4% ve muy o bastante probable tener que cuidar a un familiar dependiente durante el próximo año.
Desigualdad fiscal y exigencia de mayor gasto en el estado de bienestar en España
La sensación de desigualdad atraviesa también la valoración institucional y tributaria del país. El 70,7% considera que al aplicar las leyes se hacen diferencias según de quién se trate y el 68,8% no cree que pague más impuestos quien más tiene, a la vez que solo el 39,4% opina que la sociedad se beneficia mucho (12,7%) o bastante (26,7%) de los tributos. Asimismo, el 52,4% denuncia que no existen las mismas oportunidades para acceder a los servicios públicos, señalando entre quienes perciben esta brecha los ingresos económicos (28,2%) y la comunidad autónoma (13,6%) como las principales barreras.
En la evaluación de los servicios públicos, la prevención y extinción de incendios forestales (71,7% de críticas) y la Administración de Justicia (69,4%) son los peor valorados, mientras que la farmacia (8,23 sobre 10) e Internet (7,71) lideran la satisfacción entre los servicios utilizados. Pese a ello, una amplia mayoría reclama reforzar el estado de bienestar en España: el 94,6% exige gastar más o mucho más en sanidad, el 92,6% en educación y el 92,1% contra los incendios forestales, frente a solo un 21,4% que pide recortar en Defensa.
| Garantizado para todos | Empeorará en el futuro | Funciona poco o nada bien | Pide gastar más o mucho más | |
| Vivienda | 11,9% | 65,9% | ||
| Sanidad | 60,6% | 51,1% | 48,4% | 94,6% |
| Educación | 60,6% | 44,7% | 44,1% | 92,6% |
| Pensiones | 57,5% | 43,6% | 72,0% | |
| Incendios forestales | 71,7% | 92,1% |
Todos estos resultados proceden del estudio nº 3579 del CIS, cuyo trabajo se realizó entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026 mediante 6.039 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI). La encuesta se dirigió a la población residente en España de ambos sexos de 18 y más años, distribuida en 1.416 municipios de 50 provincias, y cuenta con un margen de error muestral de ±1,3% para un nivel de confianza del 95,5%.