El sistema sanitario español recibe un notable bajo con una nota media de 6,19 sobre 10, según los datos definitivos de la segunda oleada del Barómetro Sanitario 2026. Este estudio, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en convenio con el Ministerio de Sanidad, se basa en 2.644 entrevistas telefónicas realizadas entre el 21 y el 24 de
julio de este año.
El 52,7% de la población española mayor de 18 años considera, en líneas generales y con independencia de su género que el sistema funciona correctamente, según el informe del CIS; con predominancia de ese 39,7 % que lo determinaron como «bien» y solo un 13 % como «bastante bien». A su vez, frente a aquellos con una mirada más positivista, un 17,2 % afirman que este funciona mal y que necesita irremediablemente cambios profundos. A pesar del diferido entre estas dos posturas, la confianza ciudadana se mantiene robusta: el 78,2% elegiría un hospital público en caso de requerir un ingreso. Sin embargo, el panorama cambia al analizar otras áreas, ya que el 40% de los encuestados preferiría recurrir a la sanidad privada para asistir a consultas con médicos especialistas.
Modelo al límite del colapso
Acudir a tu médico por un catarro o una simple consulta puede suponer un total desespero para los españoles. Según el Barómetro, un 72 % esperó según los datos del último año más de un día, (9,71 de demora media en atención primaria) por falta de huecos disponibles en agenda del personal sanitario. Asimismo, un 27,9 % esperó 11 días o más para poder ser agendado en el sistema.; siendo traumatología la especialidad más visitada y, por ende, más colapsa por quienes solicitaron una derivación desde su ambulatorio. Una situación compleja que supone de media una espera de casi 140 días para poder tener acceso a una atención médica más especializada y que este año afectó directamente a un total de 18,7 % de los encuestados.
Otra de las preocupaciones es debido al repunte de solicitantes de servicios de salud mental y el coste económico para los pacientes. El estudio esclarece que el 17,8% de los encuestados precisó ayuda profesional por problemas psicológicos durante en los últimos 12 meses. Aunque el sistema público asumió a la mayoría (casi un 58 %), la saturación del mismo obligó a un 26,4% a costearse un profesional privado sin disponer de seguro médico previo. Las dificultades económicas afectan del mismo modo a los tratamientos farmacológicos: un 5,6% de la ciudadanía reconoce haber tenido que suspender su tratamiento por el impedimento económico que les supone un gasto de este tipo a su propio bolsillo.
En definitiva, el estudio saca a la luz una clara evidencia, puesto que un 40,7 % cree con contundencia que las listas de espera son desproporcionadas y que han empeorado en el último año. Además, de que un 63,4 % considera que las autoridades no están tomando las medidas pertinentes para reducirlas, en lo que respecta sobre todo, a la atención especializada. Por lo pronto, es evidente que el sistema, a pesar de su eficiencia y de las posturas disidentes, requiere mayor atención institucional por parte de los organismo públicos pertinentes. Así pues, un incremento en la dotación económica y una mejor destinación de partidas públicas y de la gestión de los recursos optimizarían así los resultados de futuros informes de interés social sobre la cuestión sanitaria.