La fundadora de Xnet, Simona Levi, ha analizado en el congreso COMDIGCV2026 como la desintermediación digital, el uso de buzones anónimos y la protección de las fuentes se han convertido en pilares indispensables para fiscalizar al poder y destapar la corrupción
Caterina Dante
Simona Levi, activista tecnológica y coordinadora de la plataforma para los derechos digitales Xnet. / Elisenda Pons
Internet y las tecnologías digitales no son únicamente un conjunto de herramientas para consumir contenidos, sino un nuevo terreno de organización social y disputa política. Simona Levi, activista, investigadora y cofundadora de Xnet, ha destacado cómo la desintermediación digital está transformando de raíz la comunicación pública y el periodismo de investigación. Tradicionalmente, la ciudadanía dependía de los medios de comunicación masivos y las instituciones para acceder a la actualidad, pero hoy la ruptura de ese monopolio del relato permite a la sociedad civil organizar sus propios canales de acceso a la información y fiscalización.
Xnet: tecnología y acción ciudadana
La trayectoria de Simona Levi está estrechamente ligada al uso estratégico de herramientas digitales para impulsar la participación ciudadana y la transparencia.
La pregunta de la que parte su trabajo es: ¿cómo puede la era digital contribuir a construir una verdadera democracia?
Un ejemplo emblemático de esta contravigilancia fue la investigación tras el rescate financiero de Bankia en 2012, entidad que recibió cerca de 22.000 millones de euros de dinero público y que estaba presidida por el exministro Rodrigo Rato. Su salida a bolsa se había promovido mediante una agresiva campaña publicitaria bajo el lema «hazte banquero», orientada a convencer a miles de pequeños ahorradores para que invirtieran sus ahorros.
En frente a este escario de opacidad, la plataforma Xnet impulsó la iniciativa 15Mparato y puso en marcha el Buzón de Xnet: un sistema pionero de filtraciones anónimas respaldado por tecnologías de encriptación y navegación segura. Gracias a este canal, la ciudadanía hizo llegar a la plataforma más de 8.000 documentos confidenciales, entre los que destacaban los célebres «correos de Blesa». Estas comunicaciones internas entre directivos y políticos sacaron a la luz la gestión fraudulenta de la entidad y resultaron decisivas para sentar en el banquillo a los responsables de la crisis del banco.
La experiencia demuestra cómo la organización colectiva, la protección del anonimato y la difusión segura de información sensible pueden servir para fiscalizar y cuestionar las actuaciones de quienes ocupan posiciones de poder. Xnet explica esta experiencia en su publicación sobre el caso.
Portada de Votar y cobrar. La impunidad como forma de gobierno es un ensayo publicado en 2017 por la editorial Capitán Swing Libros, escrito por Simona Levi y Sergio Salgado
La necesidad de verificar en la era digital
La tensión entre vigilancia y contravigilancia plantea preguntas clave sobre quién recopila la información, quién puede acceder a ella y con qué finalidad se utiliza: los datos pueden servir para revelar hechos de interés público, pero también para ejercer el control. En este escenario, la verificación adquiere una dimensión democrática, ya que —como señaló la ponente— antes de difundir una filtración o respaldar una acusación es imprescindible examinar su procedencia, autenticidad y contexto.
La cuestión apareció asimismo en su reflexión sobre la inteligencia artificial: «entre un mal médico y la inteligencia artificial prefiero la inteligencia artificial y entre un buen médico y la inteligencia artificial prefiero evidentemente un buen médico, pero debes verificarlo». Estas observaciones se relacionan con el debate más amplio sobre el uso de la información: disponer de datos o de herramientas tecnológicas no elimina la necesidad de evaluar cómo se utilizan y qué conclusiones se extraen de ellos.
Tras la presentación de Simona Levi, la sesión ha dado paso a un turno de preguntas en el que los estudiantes han intervenido activamente. Durante el debate, los asistentes han formulado numerosas preguntas a la ponente, abriendo una discusión en la que se han planteado cuestiones clave: ¿puede la ciudadanía utilizar eficazmente las mismas herramientas digitales que amplían el control institucional para vigilar, a su vez, a quienes ejercen el poder? ¿Hasta qué punto el marco legal actual protege realmente a los denunciantes anónimos de corrupción ante posibles represalias?
Las respuestas de Levi y las aportaciones del público han puesto de manifiesto que el futuro de los derechos digitales dependerá de la capacidad de la sociedad civil para organizarse de manera colectiva y exigir garantías legales sólidas.
Con este debate ha concluido una jornada orientada a analizar el impacto del entorno digital en la comunicación pública, en la que se han expuesto los retos normativos, éticos y técnicos que afronta la protección de datos e información en la actualidad.