El Tribunal Supremo ha suspendido los trámites relativos al censo electoral de la ley de nietos. Tras esta decisión sin precedentes, se ha dado lugar a críticas entre partidos que fortalecen aún más la postura de la derecha, quien apoyó la decisión de la Justicia.
El Tribunal Supremo ha suspendido la medida que estaba llevando a cabo el Ministerio de Justicia también conocida como ley de nietos. Con la aplicación de la misma, miles de descendientes de españoles exiliados estaban consiguiendo la nacionalidad española y junto a ella el pleno uso de sus derechos como ciudadanos de España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido la medida cautelar solicitada por Vox y Iustitia Europa tras una vista en el Alto Tribunal. En esta ocasión, las dos formaciones sostuvieron que el Gobierno estaba preparando un fraude masivo en las próximas convocatorias generales. Las primeras reacciones del PP han sido favorables a la resolución, mientras que el Gobierno y la Fiscalía se han mostrado frontalmente en contra.
La medida ha provocado la suspensión de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Esta medida seguirá vigente hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre el asunto. De momento, ni siquiera los plazos están determinados. Sin embargo, fuentes del Alto Tribunal indicaron que el procedimiento se agilizará todo lo posible para tener un veredicto cuanto antes. Otras previsiones afirman que el asunto se podrá resolver en tres meses, o como tarde a principios de 2027.
Al Gobierno le urge una resolución temprana, pues se avecina un año electoral en las que se vivirán elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales en julio. La importancia de los votos extranjeros, en este sentido, es clave según los datos recabados. Según el INE y la Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el voto exterior no ha dejado de crecer: más de 900.000 en el año 2000, más 2.500.000 en 2025 y finalmente los casi 5.000.000 proyectados para 2027 en caso de que la resolución de la ley de nietos sea favorable para los intereses del Gobierno. De ser así, se estima que de cada 100 censados, 12 voten desde fuera del territorio español.
Félix Bolaños, Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, habló públicamente de la resolución y ha pedido al Supremo que se resolviese el caso “lo antes posible”. Entre otras declaraciones, ha afirmado que el caso afecta a “lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto”. Además ha expresado su negativa a la decisión, en nombre del Gobierno. Sin embargo, sí ha mostrado particular interés en que se emitiera un veredicto antes de los procesos electorales de 2027.
La Ley de Memoria Democrática como antecedente
La ley que engloba a la ley de nietos es la Ley de Memoria Democrática. La aprobaron en 2022, e involucra a los nacidos fuera de España con familiares (padre, madre, abuelo o abuela) españoles que se marcharon de España por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Estos ciudadanos cuentan con la condición de presuntos exiliados y podrían optar a la nacionalidad española y a la plenitud de sus derechos, entre ellos el derecho a voto: la gran polémica que ha generado este caso.
Para la aplicación de esta ley, el Ministerio de Justicia estableció a los registros que quienes habían abandonado España entre el inicio de la Guerra Civil (18 de julio de 1936) y 1955 tenían automáticamente la condición de exiliados. Es decir, se les podía conceder la nacionalidad española sin necesidad de acreditación documental de la circunstancia alegada.
Cabe destacar que, a pesar de la suspensión de las inscripciones en el CERA, los trámites previstos para la concesión de la nacionalidad pueden seguir adelante, aunque sin posibilidad de voto en las próximas elecciones, cautelarmente. Por ende, no toda la Ley de Memoria Democrática ha sido suspendida, tan solo una serie de apartados. Existe un vacío legal que ha admitido el Alto Tribunal. Quienes hayan demostrado la legitimidad de la condición de exiliados de sus antecesores mediante documentación podrán ganar o conservar su derecho a voto. Mediante esta resolución, se elimina la presunción a los exiliados y solo se tendrán en cuenta quienes lo acrediten de forma oficial.
Albares amplía los datos
El pasado abril, José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, reveló con más profundidad los datos relativos a la Ley de Memoria Democrática. Confirmó que casi 2,5 millones de descendientes españoles habían solicitado la nacionalidad amparándose en esta ley. Decidió ahondar en los datos y comentó que hasta marzo de 2026 se habían iniciado más de 1 millón de expedientes, de los cuales se habían aprobado ya más de la mitad y se habían completado alrededor de un tercio de ellos. De estas más de 300.000, unas 80.000 sucedieron en lo que llevamos de año.
Asimismo, se puede observar el incremento del 20% de censados desde fuera del territorio español a nivel nacional. La distribución ha sido ciertamente homogénea, oscilando entre el 37% en la Comunidad de Madrid hasta el 8% de Ourense. Los lugares con mayor porcentaje junto a Madrid han sido las Islas Baleares, Álava y Gerona, mientras que Galicia y Extremadura poseen las cifras más bajas.
Incremento por provincia del voto exterior entre octubre de 2022 y agosto de 2026.
La derecha celebra, la izquierda pide reflexión
Los claros vencedores de esta suspensión cautelar han sido las formaciones de derecha. Al igual que Vox, quienes llevan persiguiendo este asunto desde hace varios meses, el Partido Popular ha celebrado la decisión del Supremo. Feijóo mostró a través de sus redes sociales su convencimiento por la causa: “Teníamos razón”. Asimismo, la diputada del Parlamento Europeo Alma Ezcurra (y militante del PP) se mostró más agresiva y pidió explicaciones al Gobierno y les instó a asumir responsabilidades: “el Gobierno va a tener que explicarse y asumir responsabilidades”.
Las reacciones del Gobierno fueron opuestas. La izquierda se reafirma en su postura, la cual mantienen y a través del ministro Bolaños pidieron respetuosamente al Supremo prioridad para el asunto y una resolución rápida y anterior a los procesos electorales de 2027. Por último, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero comentó que la decisión abre el camino a una “deriva antidemocrática peligrosísima” al negar el voto a personas con la nacionalidad española.