Cuatro años después de la toma de Kabul, Afganistán es el único país del mundo donde a las mujeres se les prohíbe estudiar, trabajar y moverse libremente.
Parwin Dawari. Valencia, 20 de junio de 2025
El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron Kabul sin disparar un solo tiro. La escena que se vivió en la capital afgana ese día fue de un desconcierto absoluto: el entonces presidente Ashraf Ghani abandonaba el país precipitadamente, las fuerzas de seguridad se disolvían entre la multitud y miles de civiles se agolpaban en las puertas del aeropuerto internacional Hamid Karzai buscando escapar, conscientes de lo que se avecinaba. La imagen de cientos de personas corriendo por las pistas de aterrizaje, tratando de aferrarse a los aviones estadounidenses que despegaban, se volvió un símbolo trágico de un país que volvía a caer en manos del grupo extremista.
Aquella jornada selló el colapso definitivo de dos décadas de intervención internacional y el fracaso de una república democrática frágil, corroída por la corrupción interna y la falta de arraigo institucional. Los talibanes, por su parte, regresaban al poder después de 20 años de insurgencia armada. Lo hicieron sin encontrar resistencia militar significativa, ocupando una ciudad que ya estaba desmoralizada y exhausta. Prometieron, ante cámaras y micrófonos del mundo, que su régimen sería diferente al que gobernó con mano de hierro entre 1996 y 2001. “Habrá amnistía general. Se respetarán los derechos de las mujeres dentro del marco del islam. No buscamos venganza”, decían los portavoces del regimén talibán. Fueron palabras vacías.
“Nos prometieron respeto y derechos dentro del islam. Mintieron”, dice Farkhunda, una activista por los derechos de las mujeres que prefiere mantener su apellido en el anonimato por miedo a represalias. “Lo que hemos vivido estos años es un retroceso brutal, una negación sistemática de todo lo que habíamos logrado”
Educación: un futuro arrebatado
Una de las primeras y más impactantes decisiones adoptadas por el nuevo gobierno fue ordenar el cierre inmediato de todas las escuelas para niñas a partir del sexto grado. Esta medida significó una interrupción abrupta en la educación de miles de niñas que, de un día para otro, se vieron obligadas a abandonar sus aulas. Posteriormente, en diciembre de 2022, se dio un paso aún más drástico al prohibir el acceso de las mujeres a las universidades del país. Desde ese momento, más de 1,5 millones de niñas y jóvenes han sido apartadas del sistema educativo, expulsadas de un entorno que representaba no solo un camino hacia el conocimiento, sino también hacia la independencia, el empoderamiento y la esperanza de un futuro distinto.
Las imágenes que circulan de las clases sin las niñas y mujeres, transmiten un contraste doloroso con el recuerdo todavía fresco de aulas llenas de energía, donde miles de mujeres jóvenes se preparaban para convertirse en médicas, ingenieras, abogadas o maestras. Aquella realidad, que representaba un avance lento pero significativo, hoy parece lejana, casi irreal. En la actualidad, las pocas que aún logran continuar con sus estudios lo hacen en secreto o bajo amenaza constante para no desconectarse por completo de sus sueños.
El trabajo, otra libertad eliminada
La otra gran purga no tardó en manifestarse en el ámbito laboral. Después de haber sido privadas del acceso a la educación, las mujeres comenzaron a ser sistemáticamente excluidas del mundo del trabajo. Fueron apartadas no solo de empleos públicos, sino también de casi todos los espacios laborales privados e incluso de aquellos vinculados a organizaciones humanitarias. La participación femenina en la vida económica del país se redujo a un mínimo, permitiéndoles únicamente ejercer en sectores considerados “específicamente femeninos”, como hospitales para mujeres o peluquerías. Sin embargo, incluso muchos de estos lugares han sido clausurados o sometidos a una vigilancia tan estricta que su funcionamiento se ha vuelto insostenible.
En abril de 2023, la situación se agravó aún más cuando los talibanes emitieron una orden que prohibía a las mujeres trabajar para agencias de Naciones Unidas. Esta medida, además de dejar sin sustento a miles de trabajadoras, provocó la suspensión de numerosos programas humanitarios esenciales que dependían del trabajo de mujeres para poder llegar a otras mujeres y comunidades vulnerables.
“Trabajaba para una ONG que daba apoyo legal a viudas. Un día nos ordenaron cerrar, y nos prohibieron volver. Desde entonces me he vuelto una ama de casa, encerrada aquí sin poder hacer nada.”, relata Habiba, abogada de profesión y madre de tres niños pequeños. “Antes no, pero ahora soy una mujer que dependo del dinero de su marido y él tampoco cobra mucho para poder llegar bien a final del mes.”, dice ella. Su testimonio refleja una realidad compartida por miles de mujeres que, de un momento a otro, perdieron sus ingresos, su independencia y la posibilidad de sostener a sus familias.
El desempleo forzado y la dependencia económica están empujando a incontables mujeres a situaciones de extrema vulnerabilidad. Sin recursos ni protección, muchas se ven obligadas a aceptar matrimonios forzados a una edad temprana, entregadas por sus familias como una forma desesperada de garantizar su subsistencia. Otras intentan resistir recurriendo a trabajos clandestinos, a menudo en condiciones peligrosas e inestables, o deciden emigrar fuera del país, arriesgando sus vidas en rutas marcadas por el abuso, la trata o la explotación.
Apartheid de género
La discriminación sistemática contra las mujeres en Afganistán ha alcanzado una dimensión tan estructural y persistente que ya no puede describirse únicamente como represión: es un régimen de segregación institucionalizada. Así lo señala el informe “Afghanistan Gender Equality Profile 2024”, publicado por ONU Mujeres en junio de este año, en el que se califica abiertamente al sistema impuesto por los talibanes como un verdadero “apartheid de género”. El informe revela una realidad devastadora: Afganistán ocupa actualmente el último lugar en todos los índices globales de equidad de género, un reflejo brutal del retroceso impuesto en los últimos años.
Según el documento, “en 2024, entre mujeres de edad 18 a 29, el 77,6% no están permitido a estdiar.” Además, “el 11.8% de las mujeres mayores de 18 años completaron la educación secundaria o superior. Sin embargo, bajo el gobierno del DFA, el 0% de las niñas y mujeres jóvenes afganas tienen permitido completar la educación secundaria en los próximos años.” Además, el 94% de las mujeres en edad laboral no tienen empleo, lo que evidencia un desmantelamiento casi total de su participación en la economía. A esto se suma un impacto invisible pero profundo: el 84% de las mujeres asegura que su salud mental ha empeorado de forma drástica desde el año 2021, un dato que refleja el peso psicológico de vivir bajo un sistema que niega la dignidad, la autonomía y la libertad.
La represión, sin embargo, va mucho más allá de los ámbitos de la educación y el trabajo. Las restricciones invaden cada aspecto de la vida cotidiana. Las mujeres no pueden salir solas de sus casas sin la compañía de un “mahram”, es decir, un acompañante masculino autorizado por la familia. En muchas regiones del país, el uso del burka es obligatorio, sin excepción, y las mujeres tienen prohibido el acceso a parques, gimnasios, universidades, centros de belleza y, en algunos casos extremos, ni siquiera pueden acudir a consultas médicas si no van acompañadas por un hombre de su entorno.
Masouda Kohistani, activista afgana por los derechos de las mujeres, denuncia el régimen que gobierna Afganistán como un sistema donde ser mujer se ha vuelto un delito, y hasta levantar la voz es considerado una transgresión. Su testimonio revela la brutal realidad de un apartheid de género que oprime cada aspecto de sus vidas.
Sin esperanza ni futuro
En medio de la opresión sistemática impuesta por el régimen talibán, la desesperanza se ha instalado con fuerza entre las mujeres afganas. A la pérdida de sus libertades se suma la ausencia total de apoyo institucional y el abandono progresivo de la comunidad internacional. Hoy, no existe en el país una Dirección de Asuntos de la Mujer, ni redes de protección jurídica, ni estructuras que defiendan sus derechos básicos.
En un testimonio de voz compartido entre activistas, una mujer resume lo que sienten muchas: que en Afganistán ya no queda vida para ellas, que no hay futuro posible mientras no desaparezca este sistema que las silencia. Sus palabras, que se escucharán a continuación, son una súplica, pero también una denuncia urgente. Porque aunque el mundo mire hacia otro lado, ellas siguen resistiendo, aunque sea en voz baja.
