Capítulo I – Sofía Basurco
Sofía Basurco es víctima de violencia intrafamiliar, ex usuaria de un centro de acogida y ahora divulgadora sobre el tema como educadora social en redes. Sofía tiene 23 años, es de Cantabria y entró en un centro a los 14 años. Su único refugio era su pasión por la hípica ya que en su casa la situación estuvo marcada por el alcoholismo de su madre y la ausencia de su padre. “Mi mamá pasaba mucho tiempo fumando o bebiendo en el sofá mientras que mi papá trabajaba de noche y el resto del día se lo pasaba en el cuarto”, narra.
Las adicciones de sus antecesores provocaron que hubiera carencias importantes en su casa. “Recuerdo que había muchos problemas en casa por dinero, por el tema del tabaco, por el tema de marihuana, por el tema del alcohol y mucho problema de dinero porque no se pagaban las cosas, no se pagaba el agua, por ejemplo, y nos duchábamos con agua fría porque no teníamos para comprar la bombona de butano”, detalla. Con un padre que nunca participó en la crianza y la muerte de su madre a los 12 años, las vivencias de Sofía “se oscurecieron mucho más” porque, a partir de ese momento, se quedó sola con una casa que llevar con un progenitor que “muchas veces me castigaba en el cuarto sin poder salir ni para ir al baño, teniendo que llamar a la puerta para preguntar si se podía ir al baño, si se podía comer”.
Es por eso que la entrada en la residencia de menores de primera estancia fue para ella “de emergencia”. Basurco asegura que contrario a los estereotipos que comparan estos centros con las cárceles, su primer día fue “tranquilo”. Una vez allí, especialmente después de ser enviada a su centro definitivo y, posteriormente, a su piso tutelado de preparación para la vida independiente, su rutina no distaba mucho de lo predecible que podía ser la de cualquier joven de su edad. “Primero me despertaba, desayunaba y leía, luego estudiaba, jugaba algún juego de mesa y venían mis compañeros a la comida. Por la tarde, comíamos, teníamos un poco de tiempo de descanso,estudiábamos otras vez, veíamos un poco de tele y por último antes de cenar e irnos a la cama, un poco de terapia de grupo”, relata.
Durante esta época, Sofía afirma que ella al igual que sus compañeros estaban continuamente asistidos por los educadores sociales y trabajadores que había allí siempre presentes. Estos profesionales evaluaban la progresión del comportamiento de los jóvenes a través de un sistema de puntos muy habitual en estos centros. “Si hacías cosas mal durante la semana, había una serie de sanciones que luego afectaban al tiempo libre en el finde. Cada centro de menores organiza y tiene un proyecto y un programa de elaboración con los menores completamente diferente, hay un montón de medios para poder evaluar la semana”, apuntala.
A la hora de contar su relato, recalca que en estos sitios se les habla mucho de conceptos “de la vida real” y de formarse para que puedan ser independientes al cumplir la mayoría de edad y tener “una vida digna”. En su caso asegura que pudo emanciparse completamente a los diecinueve años porque ya había empezado a estudiar la carrera y tenía dinero ahorrado. No obstante, asegura que cuando estás tutelado en estos pisos “tienes la posibilidad de renovar el acuerdo cada 6 meses a los 18 y quedarte hasta los 21 si tienes buen comportamiento y estás en búsqueda activa de trabajo”.
Durante este proceso de vivir en su propio piso, Basurco explica que su transición a una adultez funcional se le hizo “cuesta arriba” porque, “aunque quizás en ese momento te sientas controlada, cuando sales del centro te ves en un mundo en el que estás sola y en el que ya no tienes ni el apoyo de la gente con la que vivías y ni el de las educadoras”. A la hora de realizar los protocolos para encauzar la vida del menor, la Ley Orgánica 8/2021 es la que se encarga de ofrecer medidas de protección integral a la adolescencia y la infancia.
Sin embargo, en la práctica, estos protocolos no siguen la misma estandarización. Según Sofía Basurco,“el 80% de los centros son privados que colaboran con entidades abiertas y solo el 20% son de titularidad pública”. Basurco resalta que esto dificulta la aplicación de un sistema homogéneo con reglas iguales porque cada centro privado aplica sus propias reglas. La experta considera que el hecho de que la mayoría de centros no sean propiedad del Estado se suma a una serie de problemas que son estructurales y afectan al trabajo que realizan los educadores sociales, dificultades que se dan en todo el territorio español pero con especial frecuencia en Cataluña y la Comunitat Valenciana:
Iniciativas que transforman
La infancia de menores en riesgo de exclusión social es una realidad que no forma parte de la sociedad. Muchos de estos menores viven realidades muy duras que no tienen espacio en los principales medios de comunicación ni en la agenda pública. Por suerte, existen iniciativas que trabajan para cambiar esta realidad, para darles un hueco mediático a quienes no lo tienen. Proyectos como Pintando mi futuro, que ofrece formación en pintura industrial a menores en riesgo de exclusión social, para ofrecerles una salida laboral a estos jóvenes. También existe a nivel nacional el programa Vacaciones en paz, que lleva años acogiendo a menores saharauis durante el verano, ofreciéndoles atención médica, descanso y la oportunidad de vivir una experiencia diferente en un entorno seguro.
A estas se suman nuevos proyectos que tratan de dar respuesta a realidades muy diversas. Desde programas de refuerzo escolar en barrios con alta vulnerabilidad, hasta espacios comunitarios donde las familias pueden encontrar apoyo emocional, educativo y social. Pequeñas acciones que pueden cambiarles la vida, aunque casi nadie hable de ello.
