En una charla para los estudiantes de la Universitat de València, la activista explica aspectos del periodismo como la fiabilidad de las fuentes o la legislación actual
Simona Levi es dramaturga, directora de teatro, docente, investigadora y activista. En 2008 fundó la plataforma Xnet, una plataforma activista especializada en digitalización democrática, los derechos en la red y la transparencia institucional. El pasado viernes, impartió una conferencia a los estudiantes de periodismo en la que les habló de conceptos como la verificación de noticias y el trato con las fuentes, además de detallar el papel de su plataforma en el caso Bankia.
La activista explicó cómo son las relaciones entre un periodista y sus fuentes. Aseguró que “las fuentes no son buena gente”, pues, según ha aprendido en su trayectoria profesional, la mayoría de las filtraciones no surgen de motivos altruistas, sino de disputas internas, despecho o dinámicas de rencor. Paralelamente, destacó la situación de los funcionarios, muchas veces atrapados en tramas ilícitas contra su voluntad y, por último, también mencionó que sí que hay personas, aunque una minoría, que están motivadas por la justicia social. Esta diversidad de perfiles, argumentó Levi, exige un protocolo implacable de verificación cualitativa y el uso estricto de herramientas de encriptación que protejan tanto la identidad del confidente como la responsabilidad jurídica del propio informador.
Respecto al auge de las noticias falsas y el impacto de estas en el ecosistema digital, la fundadora de Xnet introdujo la Ley de Sturgeon para aconsejar al alumnado que no asuma como verdades absolutas las informaciones procedentes de supuestos expertos, medios tradicionales o sistemas de inteligencia artificial. Esta ley se basa en que el 90% es mentira, y “sólo un 1% tira del carro y un 9% sirve como ayuda”, dijo la activista. Levi, a su vez, advirtió de que la desintermediación digital permite que la desinformación se propague de forma exponencial a través de redes distribuidas, por lo que instó a los futuros periodistas a conocer y comprobar el origen exacto de los datos y contrastar siempre las evidencias cuantitativas antes de dar credibilidad a un discurso.
Para ilustrar el valor de la contravigilancia en la práctica, Levi recordó su papel al frente de la plataforma 15MpaRato, el movimiento ciudadano que logró llevar a los tribunales las irregularidades financieras de Caja Madrid. Gracias a la creación de un buzón digital seguro de filtraciones anónimas (XnetLeaks), su equipo logró recopilar pruebas decisivas como los miles de correos electrónicos de Miguel Blesa. Este material fue clave para destapar el escándalo de las «Tarjetas Black» y conseguir en 2017 la condena del exministro Rodrigo Rato, demostrando que la tecnología protegida sirve como una herramienta fundamental de justicia social.
Levi se extendió hablando de este caso, pues declaró que se siente orgullosa de que su plataforma consiguiera demostrar, entre otras cosas, que los bancos orientaban las acciones que salían a la venta a pequeños ahorradores, que desconocían las complejidades y el alto riesgo de la operación, tratando de hacerles caer en la trampa. En este aspecto, la iniciativa consiguió que se le devolviera el dinero a estos pequeños ahorradores que habían sido estafados. La ponente, aseguró que tras este caso hubo un cambio en la legislación “para que esto no vuelva a pasar”, aunque resaltó que aún les falta por conseguir el objetivo de que los responsables sean condenados a prisión.
Por último, Leví también habló de forma crítica sobre la Ley 2/2023 de protección del informante en España. Para ella, el texto legal aprobado en las Cortes descafeinó de forma deliberada el espíritu de la norma comunitaria mediante una serie de condiciones concretas que acotan al mínimo su campo de aplicación. La activista denunció que el articulado final excluye multitud de irregularidades al centrarse casi en exclusiva en delitos considerados de extrema gravedad, dejando un margen enorme de desamparo para quien decide señalar la corrupción cotidiana. “España protege muy poco”, lamentó, atribuyendo este recorte a un desinterés generalizado de los partidos políticos por fiscalizar las altas esferas o estimular las denuncias dentro de la propia administración pública.
La activista instó a los futuros periodistas a no fiarse de las garantías jurídicas sobre el papel y adoptar una disciplina estricta de seguridad digital. “Para que un canal de filtraciones sea realmente anónimo debe exigir el acceso a través de la red cifrada Tor, la única vía que impide el rastreo de la dirección IP y garantiza la invulnerabilidad del informante”.