En su intervención en la Universitat de València, la activista Simona Levi analizó las oportunidades y los riesgos digitales que definen hoy en día la democracia y la libertad de información.
VALÈNCIA – El periodismo de investigación y la democracia digital se encuentran en un momento de profunda crisis, atrapados entre la desinformación y los intentos de control algorítmico: esta es la advertencia que lanzó el pasado 16 de octubre la dramaturga y activista Simona Levi, fundadora del grupo Xnet, quien intervino de forma virtual a través de Zoom ante los estudiantes conectados.
Durante el coloquio, Levi explicó cómo las tecnologías digitales pueden servir como medio de emancipación cívica o, por el contrario, convertirse en instrumentos de control institucional si no se comprende la verdadera naturaleza de la tecnopolítica y la contravigilancia.
Más allá del mito del asamblearismo y la resiliencia de la red
Durante la conferencia, la fundadora de Xnet desmontó los falsos mitos sobre la organización en red. Partiendo de un análisis crítico que recordó la gestión sesgada de la información tras el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, subrayó que ni el asamblearismo ingenuo ni las jerarquías rígidas reflejan las dinámicas humanas. Además, quiso destacar —recordando que la arquitectura original de Internet surgió a partir de redes distribuidas para evitar puntos de colapso centralizados— que la red es un modelo descentralizado arraigado en la teoría del poder y en la resiliencia.
La ley 1-9-90 y el caso Bankia
Para ilustrar cómo se organizan concretamente las campañas de auditoría ciudadana, Levi ha aplicado la Teoría del Poder o Ley del 1-9-90. Probado con éxito en grandes investigaciones como el escándalo de las «tarjetas negras» y la filtración de los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el modelo establece que cualquier organización activa se divide en porcentajes precisos. Hay un 1 % que impulsa la acción, un 9 % que colabora activamente y un 90 % de espectadores que actúan como apoyo pasivo.
Este método ha permitido examinar todos los documentos judiciales, filtrando la información para aislar el valor probatorio decisivo, lo que ha dado lugar a más de 65 condenas firmes y a la devolución de más de 9 000 millones de euros a los ahorradores.
El laberinto de la protección a los alertadores y la trampa de los falsos canales seguros
A continuación, el debate se centró en la protección de los alertadores. Levi criticó la transposición española de la Directiva europea sobre la protección de los denunciantes (UE 2019/1937), que deja a los ciudadanos a merced de las represalias al excluir los documentos sustraídos e imponer requisitos de gravedad excesivos. Además, l’activista ha lanzado una severa advertencia contra las plataformas institucionales y empresariales que presumen de un anonimato inexistente: «Numerosas administraciones y grandes organismos, incluidas las instituciones de ciberseguridad, ofrecen portales que se hacen pasar por anónimos pero que no garantizan el cifrado», ha denunciado. Levi ha reiterado que un canal de denuncia es realmente seguro cuando permite el acceso nativo a través de la red Tor, citando estándares de código abierto certificados como GlobaLeaks.
Deontología y fuentes imperfectas
Al ser preguntada sobre el riesgo de denuncias presentadas con segundas intenciones personales, Simona Levi recordó que los motivos privados de quienes filtran documentos son secundarios frente al interés público de la información. Las denuncias suelen surgir de divisiones internas en las organizaciones; sin embargo, la deontología profesional exige al periodista que verifique la veracidad de los datos y garantice la máxima protección y el anonimato de las fuentes, centrándose exclusivamente en el valor de la noticia.