El presidente del Gobierno reniega de la decisión del Supremo y los representantes de la derecha española luchan por atribuirse el mérito
El Gobierno ha expresado su molestia contra la decisión del Tribunal Supremo de limitar el derecho a voto de hijos y nietos de exiliados por la ‘Ley de Nietos’. El Presidente Pedro Sánchez argumenta que hay una “corriente de fondo de la ultraderecha en todo el mundo, a la que se suma el PP, en la que cuestionan la democracia.”
El Ejecutivo discrepa de esta última medida y la derecha celebra el resultado. Tras haberse limitado el derecho a voto de los nacionalizados a través de la ley de la memoria democrática, el PP y Vox luchan por atribuirse el mérito de lo ocurrido. La petición que se aceptó de paralizar la inscripción en el censo fue formulada por Vox y el partido ‘Iustitia Europa’, pero, a su vez, el PP también se atribuye el mérito del parón. Las discusiones han sido acaloradas, con varios lanzamientos de improperios de un partido a otro.
Vox ha expuesto, a través de las redes sociales, las diferencias entre el discurso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre esta ley en la actualidad respecto al mismo del año 2022. En concreto, Vox ha hecho público en algunos medios material de vídeo donde Feijóo estaba de acuerdo y defendía extender las nacionalidades a los exiliados. Vox reflexiona que, a lo mejor, el PP no recurrió en su momento porque pensaban que esos votos de exiliados les podrían beneficiar en algún momento.
El PP, por su parte, lanzó una ofensiva el pasado mes de julio contra la ‘Ley de Nietos’, argumentando que el único propósito de esta era el de “fabricar nuevos votantes” para el gobierno de Pedro Sánchez. Además, desde Génova indican que ahora critican esta medida, y no en el pasado, por haber ampliado los supuestos para la concesión de nacionalidad.
La ‘Ley de Nietos’ fue impulsada en el año 2007 por el Presidente Jose Luís Rodríguez Zapatero. Para entonces, el único requisito era que hubiese una presunción de exilio donde no se tenía que acreditar que habían sido perseguidos por motivos políticos, y por tanto se aceptaba también a aquellos que habrían marchado por motivos económicos. Para entonces no hubo polémica, ni importancia, ni se acusó a esta ley de ‘pucherazo’. En todo caso, la polémica que existió fue una menor que se centraba en la inclusión de los exiliados por motivos económicos.
En aquel momento solicitaron la nacionalidad más de 500.000 personas (464.858 hijos y 32.141 nietos). Al final, la adquirieron un total de 251.000. Este resultado, entonces, no tuvo ni recursos ni batalla política. La renovada ‘Ley de Nietos’ del 2022 concreta de manera más detallada los motivos del exilio. También se incluían motivos ideológicos, religiosos o por su orientación o identidad sexual, entre otros.
Feijóo indica, justificando su repentina y actual negación, que la nacionalidad debería abarcar a todos y no solo a los que huyeron del franquismo. Lo cierto es que, por causa de la paralización de esta ley, existe un caso de un derecho fundamental y protegido como lo es el de votar suspendido para muchos hijos y nietos de exiliados, que tienen la nacionalidad española gracias a este decreto y que ahora son cuestionados bajo la visión de la propia derecha española.
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