El acceso a una vivienda digna es el derecho social que menos personas consideran garantizado para toda la población. Solo el 11.9% considera que está garantizado para todos, frente al 60.6% que opina lo mismo de la educación pública y de la protección de la salud. Así lo recoge el estudio «Actitudes hacia el Estado de Bienestar (II)», publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en septiembre de 2026. La encuesta preguntó si distintos derechos sociales están garantizados para todas las personas, solo para algunos o para nadie.
El dato sobre vivienda requiere una lectura precisa: no significa que nueve de cada diez personas crean que el derecho no está garantizado para nadie. El 68,4% considera que el acceso a una vivienda digna y adecuada está garantizado solo para algunas personas, mientras que el 18,2% responde que no está garantizado para nadie. El 11,9% afirma que sí lo está para todas. Las tres cifras se calculan sobre las 6.039 personas entrevistadas.
La diferencia con otros derechos también es significativa. La educación y la salud alcanzan el 60,6% de respuestas favorables a su garantía universal, mientras que la protección de la infancia llega al 56%. En cambio la inclusión social y la plena autonomía de las personas con discapacidad obtiene un 37,6%. Los resultados muestran diferencias entre los ámbitos incluidos en la encuesta.
La desigualdad también se percibe en el acceso a los servicios
El estudio también pregunta por las oportunidades para acceder a los servicios públicos. El 52,4% considera que no todas las personas tienen las mismas oportunidades, frente al 47% que cree que sí. Entre quienes perciben esa desigualdad —3.163 personas—, los ingresos económicos son el motivo más mencionado, con un 28,2%. Le siguen la comunidad autónoma de residencia (13,6%) y el pueblo o barrio en el que se vive (11,3%). Estos porcentajes corresponden únicamente a ese grupo, no al total de la muestra.
Las expectativas sobre el futuro de la protección social también reflejan preocupación. El 65,9% cree que empeorará el acceso a la primera vivienda y el 57,5% piensa lo mismo del sistema público de pensiones. En cuanto al gasto público, el 94,6% considera que las administraciones deberían destinar más dinero a sanidad. Además, el 69,4% valora el funcionamiento de la Administración de Justicia como poco o nada satisfactorio.
El estudio n.º 3579, «Actitudes hacia el Estado de Bienestar (III)», del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizó su trabajo de campo entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026. La investigación contó con una muestra de 6.039 entrevistas realizadas, frente a las 6.000 inicialmente diseñadas, a población residente en España de 18 años o más. La recogida de información se llevó a cabo mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI), utilizando teléfonos fijos y móviles. El estudio presenta un margen de error de ±1,3%, con un nivel de confianza del 95,5% para el conjunto de la muestra.
Los principales resultados sobre derechos sociales
El análisis del CIS no se limita a conocer la opinión de los ciudadanos sobre la existencia de estos derechos, sino que también examina cómo perciben las condiciones para ejercerlos y las diferencias que pueden surgir entre distintos sectores de la población. Para ello, el cuestionario aborda cuestiones relacionadas con las oportunidades de acceso a los servicios públicos, los factores que pueden generar desigualdad y el funcionamiento de algunas de las principales prestaciones del Estado de bienestar.
Estos indicadores permiten observar distintas dimensiones de la percepción ciudadana: desde la garantía de los derechos fundamentales hasta las barreras económicas y territoriales que pueden condicionar su disfrute. También permiten diferenciar entre la valoración general de un derecho y la experiencia percibida en relación con los servicios encargados de garantizarlo. A continuación, se presentan algunos de los resultados más relevantes del estudio, acompañados de sus respectivas bases de cálculo para facilitar su interpretación.
Porcentaje de personas que respondieron a las preguntas sobre garantías sociales y oportunidades de acceso.
| INDICADOR | RESULTADO | BASE |
| Educación pública garantizada para todos | 60,6% | 6.039 |
| Protección de la salud garantizada para todos | 60,6% | 6.039 |
| Vivienda garantizada para todos | 11,9% | 6.039 |
| Vivienda garantizada solo para algunas personas | 68,4% | 6.039 |
| Vivienda no garantizada para nadie | 18,2% | 6.039 |
| Protección de la infancia garantizada para todos | 56,0% | 6.039 |
| Percibe desigualdad de oportunidades de acceso | 52,4% | 6.039 |
| Ingresos económicos como motivo principal* | 28,2% | 3.163 |
En conjunto, los resultados reflejan una percepción desigual de las garantías sociales en España, con la vivienda como el ámbito que genera mayor preocupación. Los datos ponen de manifiesto la distancia entre el reconocimiento de los derechos y la percepción ciudadana sobre el cumplimiento efectivo.