La activista de Xnet explicó cómo las filtraciones ciudadanas contribuyeron a destapar irregularidades relacionadas con Bankia y reclamó canales seguros para denunciar abusos sin poner en riesgo a quienes aportan información
Proteger la identidad de las fuentes y comprobar cada dato son dos condiciones fundamentales para el periodismo de investigación. Así lo defendió Simona Levi, integrante de Xnet, durante la conferencia online «Vigilancia y contravigilancia: derechos y oportunidades», en la que expuso la experiencia de su organización con las filtraciones ciudadanas y el caso Bankia. La activista también advirtió de los riesgos de los sistemas de denuncia que no garantizan el anonimato y subrayó que la información recibida debe verificarse antes de publicarse.
La experiencia de Xnet, una plataforma dedicada a la defensa de los derechos digitales y la lucha contra la corrupción, sirvió para ilustrar cómo las herramientas tecnológicas pueden facilitar que la ciudadanía aporte información de interés público. Durante su intervención, Levi explicó la importancia de contar con canales seguros para recibir documentos y testimonios, pero también de establecer mecanismos que permitan proteger a quienes deciden denunciar posibles irregularidades.
El anonimato, una garantía para investigar
Durante la sesión, Levi puso el foco en la protección de las fuentes como una de las principales responsabilidades de los periodistas. Según explicó, la confidencialidad no siempre es suficiente para evitar que una persona sea identificada, especialmente cuando se trata de información que solo conocen unos pocos individuos.
Por ello, defendió el uso de canales de comunicación que permitan mantener el anonimato de las personas informantes, tanto al enviar documentación como durante el intercambio posterior con quienes investigan el caso. La protección no consiste únicamente en ocultar un nombre, sino también en evitar que el propio proceso de comunicación revele la identidad de la fuente.
La activista recordó que las personas que denuncian irregularidades pueden enfrentarse a consecuencias laborales, personales o judiciales. En este contexto, insistió en que los periodistas deben conocer las herramientas que utilizan y comprobar si realmente ofrecen las garantías de seguridad que anuncian.
El caso Bankia: cuando la ciudadanía participa en una investigación
Uno de los ejemplos centrales de la conferencia fue el caso Bankia, que Levi abordó a partir de la experiencia de 15MpaRato y Xnet. La iniciativa surgió en el contexto de la crisis financiera y de las críticas al rescate bancario con dinero público. Ante las dudas sobre la gestión de la entidad, el colectivo impulsó una campaña para recopilar pruebas, contactar con personas afectadas y reunir recursos para emprender acciones judiciales.
Para ello, habilitó un buzón de filtraciones que permitía recibir información sin exigir a las fuentes que revelaran su identidad. Según relató Levi, a través de este canal llegaron documentos que contribuyeron a investigar el caso y a sacar a la luz los conocidos como correos de Blesa, vinculados a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid.
La documentación permitió conocer comunicaciones internas relacionadas con la gestión de la entidad y las tarjetas opacas. Levi destacó que las filtraciones pueden aportar pruebas relevantes cuando se acompañan de una investigación rigurosa y de mecanismos que protejan a quienes las facilitan.
El caso también sirvió para ilustrar el potencial de la colaboración ciudadana. La iniciativa reunió a personas afectadas, colaboradores y ciudadanos que contribuyeron a financiar las acciones judiciales. De esta manera, una investigación impulsada desde la sociedad civil pudo avanzar sin depender exclusivamente de los intermediarios tradicionales.
La experiencia, según explicó la activista, demuestra que la ciudadanía puede participar en asuntos de interés público cuando dispone de información, se organiza y trabaja para comprobar los hechos.
No basta con recibir una filtración: hay que verificarla
La protección de las fuentes no elimina otra obligación esencial: comprobar la información. Durante el encuentro, Levi insistió en que recibir documentos o testimonios no significa que todo su contenido sea verdadero ni que deba publicarse automáticamente.
La activista defendió que los periodistas deben investigar los datos, contrastar las afirmaciones y examinar las pruebas disponibles, incluso cuando la información procede de una persona que parece tener conocimientos especializados. También advirtió de que algunas fuentes pueden actuar por intereses personales o con la intención de perjudicar a terceros.
Por eso, el criterio para valorar una filtración no debe ser únicamente la identidad o las motivaciones de quien la entrega, sino la posibilidad de verificar los hechos y determinar si la información tiene relevancia para el interés general. Este proceso exige tiempo, revisión documental y una evaluación cuidadosa de las consecuencias de publicar.
Levi también relacionó esta responsabilidad con el contexto de la desinformación. En su intervención, cuestionó la difusión de opiniones sin pruebas y recordó que la verificación debe ser una práctica habitual, no un paso opcional del trabajo periodístico.
Los buzones anónimos también deben ofrecer garantías reales
A partir de la experiencia de Xnet, Levi explicó que los canales de denuncia no siempre protegen a las personas como prometen. Un sistema que se presenta como anónimo puede dejar expuesta información que permita identificar a quien denuncia, por lo que resulta necesario comprobar cómo funciona realmente.
La organización ha impulsado la instalación de buzones anónimos y seguros en instituciones para facilitar la comunicación de posibles irregularidades. En la conferencia, Levi señaló que estos mecanismos deben permitir una comunicación protegida y, al mismo tiempo, facilitar que la información recibida pueda investigarse.
El asunto también tiene una dimensión legal. En España, la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, regula medidas para proteger a quienes comunican determinadas infracciones. La norma incorpora al ordenamiento español la directiva europea sobre protección de informantes.
No obstante, la existencia de una ley o de un canal institucional no sustituye la necesidad de comprobar las garantías que ofrece cada sistema ni la responsabilidad de investigar las denuncias.
Una responsabilidad que va más allá de la tecnología
La conferencia conectó la vigilancia y la contravigilancia con una cuestión de fondo: quién controla la información, quién puede acceder a ella y qué posibilidades tiene la ciudadanía de utilizarla para exigir responsabilidades.
Para Levi, internet facilita que personas y colectivos colaboren desde lugares distintos, compartan documentos y participen en investigaciones que antes podían depender de un número reducido de intermediarios. Sin embargo, estas oportunidades requieren organización, conocimientos y criterios de verificación.
El mensaje dirigido a los futuros periodistas fue claro: investigar implica ir más allá de la primera versión de los hechos, proteger a las personas que aportan información y comprobar las pruebas antes de convertirlas en noticia. El anonimato puede abrir la puerta a una investigación, pero es la verificación la que permite sostenerla.