El Tribunal aparta del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los nacionalizados que no cumplan con las acreditaciones correspondientes
Olga Torres Ferrer I 21 octubre 2026
El Tribunal Supremo ha frenado el derecho a voto de los nacionalizados por la ‘Ley de Nietos’ ejecutada por la Justicia en 2022 y que dio la posibilidad a que los descendientes directos de exiliados políticos pudieran votar.
Esta ley impulsada por el Gobierno se sumó la polémica por la instrucción de Sofía Puente, hermana de Oscar Puentes, que facilitó la condición de exiliado sin exigir una acreditación individual y estricta de persecución.
Por ello, el Supremo pretende diferencial entre los nacionalizados con el derecho de la Ley de Memoria Democrática que han sido inscritos en el censo y que, por lo tanto, no les afectara esta decisión. Solo los que han sido tramitados a través de la instrucción de Sofia Puente a los que le paralizan el trámite.
Esta solicitud ha sido impulsada por parte de la Iustitia Europa y Vox debido al desbordamiento de las inscripciones de los censos de nacionalidad ( en los últimos dos meses se registraron 29.000 frente a los 10.000 que se estimaban). No ha sido la primera demanda que la organización de Abascal hace, ya en 2023 la llevaron ante el Tribunal Constitucional por considerar que alteraba los conceptos de nacionalidad y adscripción del pueblo español.
Palabras clave: Tribunal Supremo, Ley de Nietos, Memoria Democrática, nacionalidad.