Recientemente, tres congresos latinoamericanos han presentado iniciativas legislativas que, según expertos, buscan censurar el discurso político en Internet. Un análisis realizado por especialistas en derechos digitales muestra que estas propuestas no sólo resultan contrarias a la libre expresión, sino que comparten patrones que sugieren una censura sistemática.
El ambiente político en América Latina se ha vuelto tenso los últimos meses. Se acercan procesos electorales importantes, y los legisladores de distintos países han presentado proyectos de ley que pueden incidir negativamente en el desarrollo democrático. En ese escenario, el derecho a la libertad de expresión es uno de los más discutidos. Para unos, es una garantía de participación y transparencia. Sin embargo, para muchos otros, la expresión sin control es una amenaza para la opinión pública.
¿Qué está pasando?
Los congresos de Brasil, Paraguay y Venezuela han considerado proyectos normativos que buscan retirar de las plataformas de Internet expresiones consideradas dañinas o difamatorias. A su vez, pretenden castigar penalmente estas declaraciones. Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las plataformas de comunicación en Internet deben garantizar un entorno que potencie el ejercicio de los derechos. Su función, afirma, es facilitar espacios de ampliación y respeto, no la censura. Por lo tanto, estas iniciativas legislativas contradicen su recomendación.
En Brasil, la reforma electoral generó controversia por una cláusula que afectaba la libertad de expresión en Internet. El artículo 57-B obligaba a las plataformas digitales a eliminar publicaciones anónimas denunciadas por contener discursos de odio, noticias falsas u ofensas contra candidatos. El contenido debía permanecer fuera de circulación hasta que se identificara al autor.
Una iniciativa muy similar se propuso en el Congreso de Paraguay. Se pidió que la plataforma eliminara el contenido ofensivo o difamatorio hasta conocer al autor, sin necesidad de una orden judicial y sólo ante el reclamo del político damnificado. Este proyecto de ley sigue en discusión.
En Venezuela, donde la situación ya es inestable, se está discutiendo una futura Ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica. Prohibiría expresiones en Internet consideradas intolerantes y de odio, y castigaría a las plataformas que las publiquen. Se establecen penas de cárcel y sanciones civiles para los autores. Este proyecto de ley se encuentra en debate en la Asamblea Nacional Constituyente que, a su vez, según la Asociación Espacio Público, no constituye un espacio legítimo para sancionar este tipo de leyes.
Una receta para censurar el discurso político en Internet
Los actores políticos han seguido un patrón concreto para redactar estas iniciativas legislativas, imitando la misma fórmula lleva a un mismo resultado: censurar el discurso político en Internet.
Ingredientes:
- Prohibición del anonimato: Las iniciativas legislativas de Brasil y Paraguay condenan el discurso anónimo, al considerarlo responsable de manifestaciones ofensivas o de odio. Eliminar una herramienta fundamental para la libre expresión impide que voces silenciadas encuentren espacio para salir a la luz. En consecuencia, se imposibilita que participen en la conversación pública y denuncien abusos sin miedo a represalias.
- Lenguaje jurídico pobre: Toda limitación a un derecho humano debe estar claramente definida en la ley para prevenir interpretaciones arbitrarias. No obstante, en los casos analizados, los proyectos no definen el alcance de términos vagos como “ofensa”, “odio” o “intolerancia”, ni determinan su jerarquía. Por tanto, se compromete el cumplimiento del derecho de defensa y se debilitan las garantías a principios básicos de legalidad.
- Análisis jurídico sin necesidad ni proporcionalidad: Los proyectos analizados no tienen una evaluación rigurosa en las medidas que limitan la libertad de expresión. La Coalizão Direitos na Rede de Brasil ha señalado la falta de opciones menos onerosas, situación que se repite en los otros casos. Asimismo, no incluyen garantías de un proceso legal adecuado. TEDIC, organización de Paraguay especializada en derechos digitales, advierte que la iniciativa legislativa no tiene en cuenta que el Código Penal ya regula la difamación de manera menos restrictiva.
- Nuevos personajes con poderes de jueces: La libertad de expresión solo puede ser limitada bajo orden judicial. No obstante, los proyectos examinados omiten este principio y trasladan la decisión a las plataformas digitales. Así, empresas comerciales asumen responsabilidades para las cuales no están capacitadas.
Elaboración:
Combine varios ingredientes a su gusto. Sirva en Asamblea, Congreso, Parlamento o Senado de su preferencia.
Proyectos en disputa
El escenario actual es esperanzador y preocupante. En Brasil, tras la presión mediática que la Coalizão Direitos na Rede y otros medios han ejercido, el presidente Michael Temer ha vetado el artículo que sanciona la difamación de candidatos. Sin embargo, los casos de Venezuela y Paraguay siguen debatiéndose.
En este último caso, la TEDIC, al frente de una campaña contra el proyecto de ley, ha hecho entrega de una carta al Congreso junto con Access Now y otras 25 organizaciones regionales. Ha pedido el rechazo de la propuesta conocida como «receta para censurar Internet«.
Access Now recomienda suscribirse a su boletín Access Now Express para seguir las novedades sobre estos proyectos de ley. También puedes seguir en Twitter a la Coalizao de Brasil, a TEDIC en Paraguay y a activistas venezolanos como Acceso Libre, Venezuela Inteligente y Espacio Público.
