16:57 (CET) | 10/12/2024. València. Aunque muchos españoles creen que un porcentaje de sus impuestos está destinado a la manutención de todos los inmigrantes desempleados, se equivocan. En Internet, circulan una gran cantidad de bulos sobre las ayudas que recibe este colectivo. Lo cierto es que sí se benefician de retribuciones específicas, al igual que otras minorías. Pero esto, en ningún caso, supone que obtengan altos montos de dinero “sin hacer nada”. Resulta necesario tener la residencia legal en España para poder acceder a las subvenciones. Las políticas referentes a este asunto son claras y se aplican de manera equitativa. En el estudio titulado (Mis)Perceptions, attitudes, and preferences for immigrant integration: evidence from a survey experiment se demuestra que tanto estas como otras percepciones son erróneas.
“Cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves también cambian”, Dr. Wayne Dyer.
Tres claves para combatir la desinformación sobre las «paguitas»
En España, los inmigrantes deben cumplir con una serie de requisitos específicos para acceder a las ayudas del Estado. No reciben pagas «solo por ser inmigrantes» ni «acaparan todas las ayudas sociales».
El compromiso de España con la integración laboral
En el Estado español, los inmigrantes se enfrentan a un proceso de integración laboral. Deben formarse, convalidar títulos y adaptarse a las condiciones del mercado. Se les piden las mismas condiciones que a cualquier otro trabajador. A veces con más inconvenientes por su dificultad para convalidar titulaciones de otros países, o mayoritariamente, por la falta de ellas. En otras palabras, no les dan «las ayudas que los españoles no tienen», según la percepción de algunos usuarios en X. De hecho, existen subvenciones para contribuir con el retorno voluntario de los inmigrantes a sus países de origen con el fin de que se reintegren en el sistema laboral.
No hay una ley específica que otorgue ayudas a todos los inmigrantes desempleados
Al igual que el resto de los españoles, deben estar inscritos en el sistema de la Seguridad Social, lo que respalda sus perfiles como trabajores legales. Así lo estipula no el Gobierno de turno, sino el artículo 14 de la Ley de Extranjería. En caso de ser aptos para recibir la subvención, dispondrán de un depósito temporal para apoyarlos económicamente hasta que consigan un nuevo empleo. Con el fin de verificar que se encuentran en búsqueda de una plaza laboral, deben estar registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal. De esta manera, el sistema puede confirmar que los solicitantes de la ayuda tienen una intención real de volver al mundo laboral.
Muchos de ellos se encuentran en situaciones complicadas
La Convención Internacional de Ginebra garantiza el asilo a los refugiados. En el caso del gobierno español, esto supone una asignación económica para favorecer su integración y facilitar su inserción laboral. Las ayudas varían entre temas como la vivienda, el vestuario y algunas necesidades básicas y sus cantidades oscilan entre los 180 y los 370 euros al mes. Por ello, la mayoría tiene que optar por trabajos precarios hasta obtener la residencia, lo que conlleva un proceso jurídico lento y complicado. En este sentido, no son «dueños del mercado laboral de los españoles», como defienden varios bulos en X.
