19:26 (CET) | 26/11/2024. València. El Partido Popular, junto con los votos de Vox y UPN, ha logrado retrasar la reforma de la ley que convalida el cumplimiento de las penas de cárcel en los países de la Unión Europea y que, además, rebaja las condenas de los presos de ETA por una enmienda que introdujo Sumar durante el proceso legislativo. El presidente del Senado, Pedro Rollan, ha anunciado que entiende la denegación del texto como un veto y, por ello, procederá a devolverlo al Congreso. Sin embargo, esta decisión no se traduce en un rechazo efectivo de la norma porque, previamente, ha sido aprobada por unanimidad en la Cámara Baja.
- “No damos crédito a lo que está sucediendo con los presos de ETA. Que esto iba a suceder tarde o temprano lo teníamos claro, pero ¿con el apoyo del PP, Vox y UPN? ¿No hay nadie al volante en este país?», denunció la presidenta de la AVT.
La iniciativa legal permitirá que los etarras descuenten de su condena los años de cárcel cumplidos en Francia, lo que agilizará la salida de prisión de muchos de ellos. Miembros del Ejecutivo de Sánchez niegan haber utilizado esta norma para comprar los seis votos de Bildu en el hemiciclo, debido a que sostienen que solo se trata de una transposición de una directiva europea. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que el Gobierno “no tiene nada que ver” y celebra la tramitación “absolutamente pacífica” de la reforma legal. Mientras, la oposición apuesta por una narrativa diferente. El portavoz de los populares, Borja Semper, acusa al PSOE de haber llevado a cabo una maniobra “inconstitucional” para manchar la justicia española.
La votación de la ley en el Congreso
Todo partió de una propuesta introducida por el Gobierno para modificar la ley orgánica que regula el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea. A continuación, los grupos políticos del Congreso aprobaron la normativa por unanimidad y sin añadir vetos o enmiendas. Cada uno de los partidos, sin excepción, votó a favor: ni siquiera hubo abstenciones. En total, 346 diputados dieron su visto bueno. La iniciativa llegó al pleno del Congreso tras recibir el mismo consenso unánime en la ponencia y la Comisión de Justicia. De hecho, el debate parlamentario estuvo lleno de buenos gestos por el acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas políticas. En esa misma sesión, el diputado del PP, José Manuel Velasco, intervino para defender la aprobación de la norma y, además, alimentar la riña política con Pedro Sánchez.
¿Fue engañado o no el PP por el Gobierno durante el trámite legislativo?
Lo cierto es que la reforma proviene de una directiva europea que debía ser transpuesta, pero la propuesta inicial que presentó el Gobierno no incluía la derogación de la disposición adicional. En el plazo habilitado para que el resto de los partidos presentaran sus enmiendas, Sumar incluyó una modificación para suprimirla. Feijóo afirmó que se trataba de una “trampa” del Ejecutivo, pero algunos de los parlamentarios de su grupo han revelado que sí eran conscientes de lo que votaban. En la comisión encargada de redactar el informe sobre el proyecto de ley orgánica había, entre otros, tres diputados del PP: Rafael Benigno, José Manuel Velasco y Ana Belén Vázquez, quien admitió en un programa de Cuatro que leyeron la modificación y, aun así, respaldaron el dictamen “porque el derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional”.
Tras lo sucedido, el partido quedó en estado de shock y reaccionó con una estrategia que muchos consideraron desproporcionada. El intento apresurado por reparar la crisis de credibilidad que se les avecinaba comenzó con la intervención de Marimar Blanco en el debate parlamentario. La senadora, que acudió adrede al Congreso, se sentó al costado de Feijóo y en su intervención reforzó el dolor que sentía como víctima del terrorismo. También, aprovechó la oportunidad para solicitar la dimisión del presidente del Gobierno luego de haber resaltado algunas de sus implicaciones en casos de corrupción.
Las consecuencias de la reforma legal
En el año 2008, la UE decidió que se deberían tomar en cuenta las penas de cárcel cumplidas en otros países para evitar la doble contabilización. España puso en marcha esta normativa durante el gobierno de Rajoy, pero con la excepción de que no se aplicaría a las condenas anteriores al 15 de agosto del 2010. Por lo tanto, esta disposición impedía que los presos de ETA en España salieran de prisión antes de tiempo. Y esto es lo que ahora se está reformando a favor de 52 presos de ETA, según informa Sare —un colectivo de apoyo a los etarras—. Txapote, quien se encuentra condenado por 13 asesinatos, sería uno de los beneficiados. Se prevé que salga de prisión en el 2031, pero si la ley se aplica lo hará en febrero del 2025.
La reacción de algunos actores políticos en X
Los tweets que se recopilan a continuación ejemplifican el conflicto político que generó este «error injustificable» del PP, en palabras de Feijóo. Y, sobre todo, la dinámica de transferencia de culpas que desarrollaron los principales líderes políticos.
