El informe del Defensor del Pueblo arroja que un 1,13% de la población habría sido víctima de abusos sexuales en un ámbito religioso
Los representantes de la Conferencia Episcopal Española han comparecido en rueda de prensa tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales. La investigación ha constatado 487 víctimas de abusos sexuales en el entorno eclesiástico. Los portavoces de la Iglesia han lamentado lo ocurrido y ofrecido ayuda a las víctimas, pero reclaman veracidad de las informaciones publicadas en prensa: contienen “cifras incorrectas” cuyo fin, explican, es “perjudicar” a la institución católica. Reclaman que el Estado aborde este asunto de forma global por qué creen que es un “error” centrarse en la institución eclesiástica, ya que alegan que los abusos sexuales “se producen también en otros ámbitos”.
La Iglesia: «Los abusos sexuales se producen también en otros ámbitos»
Asimismo, han declarado su compromiso de “colaboración con las autoridades” y “prevención para que no vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables”. Por su parte, el informe presentado por el Alto Comisionado, afirma que la colaboración de la institución católica “es dispar” y no coinciden los datos proporcionados por las Diócesis e institutos de vida consagrada, con los recopilados de estas por la Conferencia Episcopal. También se señala “la imposibilidad de acceder a la información de los archivos diocesanos y a los expedientes de los clérigos” involucrados, ya que es privilegio de la Iglesia conceder la autorización de acceso a estos. Se reconoce el “esfuerzo en los últimos años” de la institución católica en prevención, aunque dice que la “cooperación no es proporcional” en cuanto a dilucidar y determinar lo que ocurrió exactamente.
Las víctimas de abusos sufren daños físicos y psicológicos que, en ocasiones, arrastran de por vida, e incluso terminan en suicidio. El informe de Ángel Gabilondo, concluye que la Iglesia católica y los poderes públicos deben “asumir la gravedad de los hechos”. A ese respecto, los portavoces eclesiásticos han expresado su “sincero perdón” y ofrecido “ayuda”, económica y psicológica, a las víctimas, así como la constitución de “comisiones de protección al menor”.
Defensor del Pueblo: «La cooperación no es proporcional en cuanto a dilucidar lo que ocurrió»
En la publicación también se indica que en el ámbito religioso se producen adicionalmente daños morales y espirituales que, para las personas con fe, son irreparables y esto conlleva el desprestigio de la institución. Al respecto, han recalcado que seguirán “defendiendo los valores de la Iglesia” y han anunciado la futura aprobación de 14 proyectos caritativos, como construcción de pozos y asistencia médica en países necesitados, que rondarán los dos millones de euros. Con ello pretenden demostrar “los verdaderos valores eclesiásticos” y apartarse de los autores de los abusos.
La memoria elaborada por el Defensor del Pueblo apunta a diferentes informes que aluden “a la inmadurez emocional como rasgo más común a muchos perpetradores”, junto al “abuso de poder y la oportunidad” para llevar a cabo estos delitos. La Iglesia ha reconocido que están en contacto con el Alto Comisionado para presentar las medidas respaldadas por profesionales para que “no vuelva a repetirse”. Los representantes de la Iglesia manifiestan que no contemplan la formación para la educación psicoafectiva e intelectual de sus miembros como medida preventiva, tal como recomienda el estudio, aunque no lo descartan.
